AMLO y el Poder Legislativo en los tiempos del cólera (digital) (Parte I)
La intención de realizar cambios en el entorno digital, transparencia y datos personales suponen un riesgo latente de censura.
Por Itzel Castañares, periodista egresada de la UNAM especializada en negocios y telecomunicaciones con más de una década de experiencia. Ha trabajado en medios como 24 Horas, Infosel, Economía Hoy, El Financiero y EL CEO, así como algunas colaboraciones en Grupo Milenio.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador será recordado, entre muchas otras cosas, por impulsar iniciativas como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y crear la Ley General de Operaciones de Registros Civiles, así como idear una red social del Estado Mexicano e intentar desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que no sólo contraviene a los ciudadanos, sino también, al libre ejercicio periodístico en México.
La intención de realizar cambios en el entorno digital, transparencia y datos personales suponen un riesgo latente de censura, de bloqueo para acceder a información pública y, también, de ver vulnerada la privacidad, al poner a merced de una autoridad el dominio de información personal privada y datos biométricos.
Todo ello, bajo un velo de control por parte del Estado, al tener la batuta sobre los criterios y mecanismos para echar a andar cada una de las propuestas, sin que haya claridad en cómo se van a garantizar los derechos, desde el acceso y manejo de los datos en Registros Civiles o en la famosa red social, hasta en cómo se garantizarìa el acceso a información de interés público que está en manos de los sujetos obligados.
En su más reciente Informe Anual sobre prácticas de Derechos Humanos, Estados Unidos alertó sobre ‘problemas significativos’ ante eventuales restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación en México.
La advertencia se da tras meses del hackeo cibernético por parte del colectivo Guacamaya en contra de entidades del gobierno federal como el Ejército, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y hasta la Lotería Nacional.
Lo anterior revela la vulnerabilidad de la infraestructura cibernética en las dependencias del gobierno, lo que si bien implicó la pérdida de información sensible, también permitió obtener información de interés público que quería ocultarse a toda costa para evitar la rendición de cuentas gubernamental.
A esto se suman los casos de espionaje a civiles por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) -que incluyó a activistas y periodistas- a través del software Pegasus, acecho que alcanzó a Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Derechos Humanos y cercano al presidente, y el anuncio del cierre definitivo de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que debió ser fuente de información para la sociedad pero se convirtió en un instrumento para atacar a periodistas, tras más de tres años en huelga y bajo un presupuesto récord de 237.6 millones de pesos.
Este escenario se da en medio de un constante ataque por parte del presidente en sus conferencias matutinas, donde día con día descalifica el trabajo periodístico, llegando al extremo de establecer la sección “Quién es quién en las mentiras”, en la que descalifica a aquellos medios o periodistas que cuestionan su gobierno, un hecho que ha sido criticado por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y, para rematar, propuestas desde la academia por parte de cercanos al presidente, como un decálogo sobre derechos digitales que se desprende de un programa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) liderado por Jonh Ackerman, cercano a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) y esposo de Irma Eréndira Sandoval, exfuncionaria federal en el gobierno de López Obrador.
Revés a los datos personales
Si bien la creación de una red social mexicana solo quedó como una idea de López Obrador y la desaparición del INAI no es un hecho, la maquinaria legislativa, principalmente morenista, ‘revivió’ al Panaut en una nueva ley, cuya tutela recae en la Secretaría de Gobernación.
Para dimensionar el giro, es necesario entender el origen y fin del Panaut, una versión actualizada del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) -surgida en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón- que se gestó en pos de la seguridad nacional bajo el argumento de prevenir y evitar delitos, con la finalidad de recabar los datos personales y biométricos como reconocimiento facial, iris y huellas dactilares de los usuarios de telefonía móvil en el país.
No obstante, pese a que dicho padrón fue avalado en el Congreso, el rechazo a la iniciativa y la consecuente promoción de amparos, así como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la máxima autoridad judicial derivó en una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que las y los ministros determinaron desechar la propuesta al identificar varias afectaciones a la privacidad y protección de datos de los usuarios.
“El Tribunal Pleno determinó declarar la invalidez total del padrón, principalmente por no superar un test de proporcionalidad encaminado a analizar la restricción al derecho a la privacidad y protección de datos en general y, específicamente, por existir medidas alternativas igualmente idóneas para garantizar la seguridad pública, pero menos lesivas para estos derechos”, señaló la Corte.
Sin embargo, apenas en marzo de este año, la creación de la Ley General de Operaciones de Registros Civiles dio un revés a la negativa del Panaut pues, con esta nueva normativa, se establece la recopilación de los datos biométricos de la población, aunque sin especificar cuáles son y bajo la advertencia de que la ley sancionará a quien acceda al Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) sin autorización o que filtre datos confidenciales.
Para Michel Hernández, director del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel), lo más preocupante del registro de datos biométricos es la vulneración a la privacidad, pues al implicar la protección de los datos personales y de la intimidad, los individuos se verían obligados a defenderse de los particulares que ya recopilan estos datos, como operadores móviles o entidades bancarias.
Lo cierto es que, para el especialista, el Estado mexicano es quien debe proteger la privacidad de los ciudadanos y no interferir en ella bajo la justificación no fundamentada de proteger la seguridad - como lo fue el Panaut- o de tener más orden en los registros civiles a nivel nacional, tal como lo establece la nueva ley.
Decálogo con ‘peros’
El ‘Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales’ es un proyecto que tiene como propósito evolucionar a iniciativas de ley y cuyos objetivos radican en proteger la libertad de expresión, dar herramientas a los internautas y limitar el alcance de las grandes redes sociales a los datos de los usuarios.
Dicho material fue desarrollado durante el último año por Tlatelolco Lab, la unidad del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM liderado por Ackerman, académico de la máxima casa de estudios y cercano a la autodenominada cuarta transformación (4T).
La presentación, que contó con la participación de legisladores, académicos y representantes de organizaciones civiles que defienden los derechos humanos en el entorno social y promueven la tecnología con fines sociales tuvieron puntos de encuentro y en general una visión positiva del decálogo.
Sin embargo, advirtieron también riesgos a la libertad de expresión y al tratamiento de datos personales, principalmente, de escalar el contenido a iniciativas de ley tal y como está ahora estructurado, sin una discusión previa y sin considerar a voces interesadas.
Todo ello, con el fin de evitar prácticas de censura previa y de que el Estado asuma el control de la información y sea quien determine qué y que no es veraz.
Irene Levy, abogada especialista en telecomunicaciones y entorno digital, considera que una de las alertas que enciende el decálogo es la redacción del mismo, al tener una carga ideológica alineada a la 4T lo que, en su opinión, “de alguna manera podría desacreditar la imparcialidad de la propuesta”, dijo recientemente en su comentario semanal en Radio Educación.
En el panorama hay muchas más cosas que analizar y en una siguiente entrega revisaré los pendientes en ciberseguridad, la estrategia digital y el papel del legislativo en estos temas.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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