Nueve años sin transparencia sobre los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

Por Itxaro Arteta*

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A nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el Estado mexicano solo busca a 39 de los 43. Al menos en lo que se refiere a registros oficiales, esos que el actual gobierno quiere depurar antes de que termine el sexenio.

Nos referimos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del que apenas en agosto de este año se publicó su versión pública en formato de datos abiertos, después de que las familias y sociedad civil involucrada en el tema la pidieron durante todo el sexenio, ya que lo que había era sólo una interfaz digital para consultar algunos datos mediante filtros.

En Data Cívica buscamos en esa base los nombres de los 43 estudiantes y encontramos solo 39.

Tres de los que no están corresponden a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) ha dicho que ya fueron identificados por la Universidad de Innsbruck entre los restos humanos hallados en Cocula, municipio vecino a Iguala. Alexander Mora Venancio fue el primer identificado, tres meses después de la desaparición. Tampoco aparecen en el RNPDNO los nombres de Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, de quienes la misma universidad también señaló que había identificado sus restos meses después y lo confirmó en 2020 y 2021.

Falta, además, el nombre de un estudiante del que no se ha informado ninguna identificación: José Ángel Campos Cantor.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, cuando las personas son halladas sus nombres deben ser dados de baja del Registro. Podemos asumir que a tres normalistas los dan por encontrados sin vida, a pesar de que en un primer momento sus padres pusieron en duda el hallazgo de restos en Cocula como parte de la “verdad histórica” de lo que había ocurrido, una explicación por la que hoy está en la cárcel el entonces procurador Jesús Murillo Karam y que las familias acaban de reclamar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cada vez parece validarla más.

Este caso, que es quizá el más emblemático de desaparición en un país que acumula más de 111 mil personas de las que no se sabe dónde están, 75 mil de ellas en la última década, y 295 mil que alguna vez han sido reportadas como desaparecidas, y sirve como ejemplo de lo que ocurre ante la falta de transparencia y claridad metodológica en los registros, que dejan más dudas que certezas.

Además es posible que la magnitud del número de personas desaparecidas sea mayor a lo que se registra en el RNPDNO. A partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que desde 2013 pregunta a la ciudadanía si durante el año anterior alguno de de sus integrantes fue víctima de una desaparición “de manera forzada o en contra de su voluntad, por la acción de una autoridad o un grupo delictivo”, estimamos al menos 395 mil desapariciones en los últimos 11 años (independientemente de si las personas posteriormente fueron halladas, con o sin vida).

Esta crisis ha llevado al reclamo incluso fuera de México: entre el 13 y 15 de septiembre pasados el Estado mexicano tuvo reuniones de seguimiento con el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU. Entre sus recomendaciones, el Comité había señalado que los registros son importantes “para establecer estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención a víctimas y erradicación de este flagelo. Los registros deben también contribuir de forma esencial a la prevención de las desapariciones”.

Sin embargo, la respuesta de los funcionarios mexicanos fue decir que se está implementando, lo que ellos llaman un nuevo “censo” de personas desaparecidas, en realidad, “un proceso de verificación del estatus” de esas personas, como lo dijo la representante permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Francisca Méndez Escobar.

El relator del CED, Horacio Ravenna, replicó que esa revisión del Registro más bien deja dudas y fue contundente sobre el funcionamiento de los diversos mecanismos que México está implementando para resolver la crisis de desapariciones: “los esfuerzos no están dando resultados”.

Pero días después, de vuelta en el asunto de los normalistas de Ayotzinapa, quedó claro que para el gobierno no hay más verdad que la que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los padres y madres de los jóvenes se reunieron con él para exigir que el Ejército realmente transparente toda la información que tiene de aquella madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso abandonó el país en julio pasado denunciando la imposibilidad de esclarecer lo ocurrido si no se entrega toda la información.

La respuesta fue la negación oficial, por un lado, de que haya expedientes ocultos. Y por otro lado, la promesa de una nueva entrega de toda la información, pero directamente a las familias de los normalistas y no a organizaciones defensoras de derechos humanos ni de investigadores externos.

López Obrador replica una vez más su lógica de evitar los intermediarios, como hizo desde el principio de su gobierno con la entrega de programas sociales. Aunque una vez más, ese contacto directo no implicará soluciones, ya que no son los padres y madres quienes deberían hacer una investigación contundente, contrastada con las versiones oficiales y que, finalmente, lleve a la verdad y justicia que tanto han pedido.

*Líder de Comunicación Estratégica de Data Cívica. Periodista con experiencia en temas de género, derechos humanos, transparencia y política, ha publicado en medios como Animal Político, El País y Reforma. Finalista del premio Breach-Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2022, mención honorífica del premio Rostros por la Igualdad 2023.  Licenciada en Comunicación por la UNAM, con Maestría en Periodismo de El País-Universidad Autónoma de Madrid (España) y diplomado en Periodismo de Investigación del CIDE.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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