El grupo parlamentario de la Sedena
Que los Ministros de la SCJN hayan invalidado que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena me hace pensar que este cuerpo de seguridad militar tiene su grupo parlamentario.
Por Laura Brugés, periodista de temas legislativos.
Que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan invalidado que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) me hace pensar de que esta cuerpo de seguridad militar tiene su grupo parlamentario (imaginario) sin importar en qué sexenio leas esto: el bombardeo legislativo para militarizar la seguridad pública es la constante.
Luego de que el presidente Andres Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que a un mes de que termine su sexenio (septiembre 2024), enviará a la nueva Legislatura -que resulte de la elección de 2024- una iniciativa de reforma Constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, esto me llevó a la conclusión de que a diferencia de sus antecesores está obstinado en cumplirle a su “bancada militar”.
Convencido que su movimiento ganará la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y con ello tendrá los números para una reforma Constitucional, aquí se abren los incentivos para que la cúpula militar se vea tentada a poner sus ojos en el proceso electoral para la renovación de ambas Cámaras del Congreso. Aunque no es la primera vez que sucede.
Cada presidente tiene la costumbre de crear su propio cuerpo de seguridad que se termina desvaneciendo transexenalmente; lo hizo el expresidente Felipe Calderón al crear la Policía Federal, lo hizo Enrique Peña Nieto con la Gendarmería, pero López Obrador a su salida quiere asegurarse que la Guardia Nacional militarizada se mantenga.
El actual mandatario le apostó a la vía legislativa para fortalecer a la Guardia Nacional a través de leyes secundarias y por supuesto, a la reforma Constitucional para crearla. Pero no me imaginé que propondría otra reforma a la Carta Magna para su permanencia en la transición y que la seguridad pública tenga un mando militar.
Y de enviar el Ejecutivo la propuesta al legislativo en el hipotético que sea aprobada con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, preocupa que vayan a echar mano del codiciado 129 Constitucional, ese artículo que ha representado una piedrita en el zapato a los militares desde sexenios anteriores.
El mencionado artículo prohíbe a los militares, en tiempos de paz, ejercer labores ajenas a las tareas de defensa. Y la creación de la Guardia Nacional fue como ese puente para militarizar la seguridad pública, y a eso sumarle la curita jurídica que le regaló el PRI a AMLO con la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional para extender, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En pocas palabras, el presidente todo este tiempo a través del Congreso intentó minar el 129 Constitucional, pero no en el fondo.
El expresidente Peña Nieto también hizo algo similar: tan sólo recordemos que el 15 de noviembre de 2018, la Suprema Corte también le bajó su Ley de Seguridad Interior al declararla inconstitucional y en violación de las obligaciones internacionales al “normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”. Pero no vimos venir que López Obrador le daría continuidad a ese plan y pretende hacerlo de cara al 2024.
Con Felipe Calderón se justificó el uso de las fuerzas armadas con una tesis de la Suprema Corte de 1996, que indicaba que los militares podían apoyar las actividades de seguridad pública cuando lo solicitaran las autoridades civiles. Pero esa tesis establecía un requisito clave: las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel “auxiliar” en tareas de seguridad pública y en ningún caso podían reemplazarlas. Y ya saben el resto de la historia…
De ahí mi hipótesis ¿qué tal si en 2024 la reforma Constitucional va por este artículo 129? Aún no sabemos cómo venga, pero de sólo mencionarlo ya es una promesa de campaña que impone a la corcholata morenista que lo suceda, y que puede hacer que los militares estén aún más interesados en esa elección.
Y digo aún más porque no es la primera vez que la Sedena está tan interesada en los procesos electorales. En el proceso electoral de 2021, rastreó al menos a 165 candidatos, según información filtrada en los Guacamaya Leaks, donde sistematizaron reportes de mítines, líderes, movimientos sociales e influencia partidaria estatal, y análisis de riesgos durante toda la jornada. ¡Wuao! Mejor que una consultora de asuntos electorales.
No es de extrañarse que a los militares les interese la política, el cabildeo, las elecciones y que sus intereses estén representados en el Congreso, aunque la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea (Artículo 17) se los impida.
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