La guerra contra el INAI
El problema del INAI no se circunscribe a la inoperancia de su pleno, que desde mi punto de vista es una muerte de facto.
Por Leticia Robles de la Rosa, Articulista y reportera de Excélsior, asignada a la cobertura de las actividades del Senado de la República desde 2006. Tiene 37 años de carrera profesional y también es profesora de asignatura en la UNAM.
Cuando en diciembre del 2022 comenzaron a escucharse las voces morenistas en torno a la posición del Presidente de la República en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la mayoría de especialistas e incluso de los comisionados integrantes del Instituto estaban convencidos que la posición presidencial no iba a ir más allá de la crítica.
Sin embargo, al pasar de los días poco a poco el escepticismo desapareció y los hechos confirmaron que la animadversión presidencial hacia el INAI es tan firme que los senadores de Morena debieron acatar la orden de no elegir a los comisionados que necesita para que opere su pleno, incluso si con ello violan la Constitución que juraron guardar y hacer guardar el 30 de agosto del 2018, cuando rindieron protesta como senadores de la República.
Llegó el fin del periodo ordinario y a quienes fuimos señalados de exagerados por advertir desde diciembre que el INAI corría un verdadero peligro, hoy la realidad nos da la razón.
Los senadores se fueron de vacaciones inconstitucionales, porque el periodo de receso no son vacaciones, sino periodo para que trabajen las comisiones y ellos lo toman como descanso de cuatro meses; se fueron a regodearse de sus decisiones, sin importar la agonía de una institución creada por mandato constitucional y que fue una exigencia de muchos grupos sociales, entre ellos actuales morenistas que antes, desde el PRD y el PAN, consideraban como una conquista ciudadana el derecho a la información, a la transparencia y a la protección de los datos personales.
Pero el problema del INAI no se circunscribe a la inoperancia de su pleno, que desde mi punto de vista es una muerte de facto.
El problema del INAI es que está en riesgo de que lo desaparezcan por inanición presupuestal, porque los planes de Morena son que al no funcionar su pleno de manera correcta durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, no tiene caso se le considere en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.
Así, el recorte presupuestal al INAI se prevé severo y cuando el 1 de septiembre lleguen los senadores se mantendrá la decisión de no elegir a los comisionados, para que se quede con cuatro y con el argumento de que nadie los puede obligar a lo imposible, la idea que tienen los morenistas es que a pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda exigirles que cumplan con el mandato constitucional, no les pasará nada, porque tienen la mayoría en el Congreso de la Unión y no los pueden sustituir.
Cada paso que tienen planeado los morenistas es un avance en su lógica de que no tienen obligación de cumplir con la Constitución, porque cuentan con el mando de protección que ellos mismos se dan y que encabeza el Presidente de la República.
Los corifeos oficialistas tratan de sembrar la información falsa que el INAI se negó a proporcionar datos sobre el Fobaproa o los nombres de a quienes les condonan impuestos para tratar de afianzar en la población la idea de que el Instituto “es inútil”.
Es falsa, porque el INAI no existía entonces; es falsa, porque el INAI no proporciona información, sino que hace a las instituciones obligadas proporcionarla y es falso, porque ellos que ahora tienen el manejo de esa información, porque son gobierno, no han encontrado nada de lo que inventaron para descalificar a sus adversarios; si lo hubieran encontrado ya habrían presentado denuncias.
De acuerdo con información que los propios senadores morenistas dicen, la molestia presidencial con el INAI surgió cuando el Instituto aclaró que no podía obligar a un particular, Carlos Loret, a mostrarle su salario ni sus ingresos, porque las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas es para los servidores públicos.
Y la segunda razón es que la transparencia de la información ha permitido documentar el nivel de corrupción que existen en diferentes áreas de gobierno y que tiran por la borda la bandera blanca que indicaba el fin de la corrupción.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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