Narrar y gobernar
El caso de El Salvador debería funcionar como advertencia (…) porque refleja la forma en que la clase política de toda la región ha priorizado el discurso por sobre la acción.
Por Luciana Wainer
Escribo este texto antes de que cierren las urnas. Antes, incluso, de que todos los salvadoreños y salvadoreñas —que se sientan interpelados ante la jornada electoral— se hayan acercado a ejercer su voto. Mucho antes, naturalmente, de que se conozcan los resultados. El dilema, sin embargo, es que la elección ya está prácticamente resuelta: un país cuyo presidente oscila entre el 88% y el 92% de aprobación, según retratan diferentes sondeos, puede vislumbrar las primeras planas del lunes sin necesidad de esperar a que éstas terminen de imprimirse.
El caso de El Salvador debería funcionar como advertencia en tiempo real. No solo porque el “método Bukele” en materia de seguridad —que ha dejado un número proporcional de disminución en los homicidios como en aumento en las violaciones a derechos humanos— ha sido citado de ejemplo en boca de precandidatos y funcionarios mexicanos, sino también porque refleja la forma en que la clase política de toda la región ha priorizado el discurso por sobre la acción. Como si gobernar solo fuera una batalla por conquistar la narrativa. Como si la retórica pudiera suplantar la realidad.
Ni la evidencia que medios de comunicación como El Faro, entre otros que han resistido ante los ataques del Ejecutivo y los intentos de censura, han presentado revelando los pactos del gobierno de Bukele con las pandillas salvadoreñas ni los familiares y organizaciones que han denunciado las violaciones sistemáticas y encarcelaciones arbitrarias han podido contrarrestar el discurso que, desde lo más alto del poder, ha sabido posicionar que la batalla es de “buenos” contra “malos” y que, para derrotar a los segundos, la única opción posible es la entrega de las libertades individuales a cambio. Y, ante el horror de la violencia que ha sometido a la población salvadoreña durante años, no es de extrañarse que aquel intercambio parezca razonable.
Lo cierto es que esta dicotomía no es exclusiva del país centroamericano. En Argentina, por ejemplo, una gran parte de la población ha aceptado con estoicismo las modificaciones que llevan al retroceso de los derechos laborales con la promesa de que se erradicará la “casta política” corrupta e ineficaz. Los políticos de toda la región, incluido, por supuesto, México, repiten que “el país está en paz”, que “el pueblo está feliz” o que las críticas a sus respectivos gobiernos provienen de opositores acérrimos con agendas oscuras que defender. Todas estas narrativas parten, en efecto, de premisas que son ciertas: los homicidios en El Salvador han disminuido; los políticos tradicionales se han enriquecido ilícitamente y han dejado crisis económicas graves y profundas; los poderes fácticos han negociado en su beneficio regulaciones, modificaciones a la ley y pactos por debajo de la mesa que solo les benefician a ellos mismos. Mas no por eso, las conclusiones a las que llevan dichas premisas son siempre ciertas. O, mejor dicho, dichas verdades también son usadas como argumentos engañosos para justificar el autoritarismo, la intolerancia o la opacidad.
Este 2024, unos treinta países celebrarán elecciones generales con las que se elegirá a las y los nuevos presidentes, gobernadores, congresistas y legisladores. La oportunidad de demandarles a las personas candidatas propuestas concretas, plataformas transparentes y posicionamientos abiertos sobre los temas que preocupan a la ciudadanía es real y es urgente. En definitiva, es nuestro momento de exigir. Y también el momento de pugnar porque nuestra clase política deje de ponderar el narrar por sobre el gobernar.
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