¿Exceso de poder o el debilitamiento de la Sedena?

La Guardia Nacional civil, como dice la Constitución, existía solo en papel. Y, por el momento, quedó sepultada.

Diputados y senadores de Morena la enterraron la semana pasada al votar a favor de su traspaso ilegal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El paquete de cambios fue aprobado sin que los legisladores dieran un solo argumento a favor de la mejora en seguridad que nos traerá el cambio de adscripción. No sorprendió que políticos de Morena que antes rechazaban la militarización ahora la defendieran y aplaudieran. Esa era la instrucción del presidente, así que la cumplieron.

Contrariamente a lo que se piensa, el Ejecutivo no cambió de opinión en las últimas semanas respecto a la militarización de la seguridad. Ya había sostenido en varias ocasiones  que las Fuerzas Armadas (FFAA) debían ser instituciones de seguridad pública. Durante su última campaña usó de forma beneficiosa el discurso de regresar al Ejército a sus cuarteles, pero solo para diferenciarse de los presidentes anteriores,  no por tener una visión democrática de la seguridad y tampoco por confiar ciegamente en los militares. “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional”, anticipó en 2019 en una entrevista con La Jornada.

La declaración transparentó sus planes, pero el poder que tienen los presidentes no siempre se traduce en lograr sus objetivos. O, por lo menos, no de forma inmediata. Por eso existe la hipótesis sobre la decisión que tomó el Ejecutivo de alcanzar su meta por otra vía: la del debilitamiento de la Sedena. Esta suposición se fundamenta en las responsabilidades excesivas que les ha dado a los militares, junto con carretadas de dinero, al mismo tiempo que su equipo refuerza los señalamientos de graves abusos a los derechos humanos como en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Las atribuciones de las FFAA en materia de seguridad pública habían crecido sexenio tras sexenio, pero se exponenciaron durante este gobierno, con los mismos malos resultados.

Por un lado, copiaron las 43 atribuciones que tenía la Policía Federal en la Ley de la Guardia Nacional de 2019, concedidas también a todas las FFAA (con límite en abril de 2024).

Por el otro, les ha impuesto muchas responsabilidades en áreas civiles como la construcción, administración y operación de aeropuertos, puertos y trenes, entre otras. Los soldados y marinos se dicen exhaustos, mientras que, al parecer, los jefes están satisfechos por el poder y los recursos económicos obtenidos. De las denuncias de abuso nada dicen. Hacen como que no escuchan.

Las nuevas atribuciones han ido acompañadas de una gran cantidad de recursos económicos. Este año, la Sedena y la Guardia Nacional ejercen cerca de 170 mil millones de pesos, 80% más que en 2020. Además, para cumplir con el resto de las tareas que están fuera de sus atribuciones, les ha sumado recursos de todo tipo, desde donaciones e ingresos extrapresupuestales hasta otros negocios.

Muchos consideran que López Obrador les da tantas responsabilidades y dinero a los militares porque confía en ellos. Nada más alejado. Solo los utiliza, que es distinto. En los principios de  lealtad y obediencia de las FFAA, más su falta de transparencia, encontró la forma de debilitarlas y quedarse con una Guardia Nacional militarizada, que será la estrella del desfile esta semana. Ya veremos qué sigue después.

El Congreso votó en 2019 por una institución civil bajo el mando y adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en sustitución de la Policía Federal. Pero el Presidente no estuvo de acuerdo y siguió con su plan original, que es construir una fuerza armada bajo el mando directo del secretario de Defensa.

En ese momento hubo mucho desconcierto sobre la naciente institución, tanto entre sus propios miembros como entre quienes observábamos desde afuera. Por ejemplo: se suponía que tenía un carácter civil, pero no se llevaban a cabo los cursos de 970 horas de formación policial ni se hacían exámenes para obtener el Certificado Único Policial, aunque ambos los obliga la ley para todas las policías.

Además, aunque tenía las mismas responsabilidades que la Policía Federal, quizá por ignorancia de los jefes, a los primeros que destituyeron fue a los civiles de la División Científica, de Investigación e Inteligencia. A los pocos que quedaron ya no les permiten ejercer ninguna de esas funciones. Por eso los malos resultados, que el propio informe de la GN describe que en 2021 solo detuvieron a 14 personas por investigación de homicidios, entre un universo de más de 8 mil detenidos en flagrancia por diversas causas.

Por último, está el desaseo administrativo. El 80% de los elementos son aviadores  de Sedena y Marina, por eso, en algunas ocasiones usaban el uniforme de la GN y, en otras, el verde olivo. Los civiles reclutados en las convocatorias no ingresaron a la GN, los forzaron a adscribirse en las instituciones militares. Los cuarteles que debían ser parte de la infraestructura de la SSPC están como predios de Sedena. Los oficios que emiten llevan la misma secuencia de folios que los oficios de Defensa. Parece un dato minúsculo, pero no lo es.

Quizá todo este desorden sea la urgencia del secretario para quedarse con la GN con el fin de evitar que en 2024, con el cambio de gobierno y de funcionarios (aunque sean de Morena), se les puedan imponer sanciones administrativas e incluso penales.

En suma, tenemos que el proceso de militarización combina la falta de resultados positivos, un cambio de adscripción inconstitucional, exceso de responsabilidades, molestia en las bases, desaliño administrativo y recursos exorbitantes sin rendición de cuentas. ¿Qué puede salir mal?

@MaElenaMorera

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