Desdén presidencial a los desafíos universitarios
La propuesta presupuestal para lo que será el último año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador prendió las alertas en el sistema universitario en México.
Por Nurit Martínez
La propuesta presupuestal para lo que será el último año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador prendió las alertas en el sistema universitario en México, dado que desde ahora se advierte que la reforma en ese nivel, tan fuera de foco, solo presenta números rojos; uno de ellos, que cada año 300 mil jóvenes se quedaron fuera de una opción educativa.
Un reporte de la SEP señala que hasta antes del inicio escolar de este año eran 7.8 millones los jóvenes en México que no tenían un lugar en la educación superior.
En esa propuesta técnica para operar el Fondo Federal para la Obligatoriedad y Gratuidad el gobierno de la 4T reconoce que son todos ellos los que se quedaron fuera de hacer efectiva la propuesta de acceso universal a las instituciones de educación superior.
En ese documento se da un dato que da dimensión al rezago y desafío. Mientras al inicio de la administración egresaban 780 mil jóvenes del bachillerato en 2022 fueron 1.5 millones de jóvenes los que salieron del nivel medio superior a buscar una alternativa de licenciatura o ingeniería.
Pero eso sigue incrementando, la estimación es que para 2024 serán 1.7 millones. Y a la vista, con todas las restricciones presupuestales las 36 universidades públicas, más los tecnológicos, politécnicas e interculturales siguen abriendo espacios, pero no son suficientes.
La SEP estima en 300 mil el déficit anual de opciones educativas. ¿Qué hacen y a dónde van esos jóvenes? No es claro, lo que sí es que en Palacio hay gran regocijo porque en el discurso se dejó de hablar de los jóvenes que no estudian ni trabajan (Ninis).
Pero no nombrarlos sólo invisibiliza el problema, se vuelve una bomba de tiempo. Lo será para el siguiente gobierno y por ello, entre los equipos de las hasta ahora dos virtuales candidatas ya hay acercamiento a grupos de expertos en los temas de la educación superior para conocer diagnóstico, proyecciones y diseñar líneas de acción.
En tanto, uno de los anhelos presidenciales de acabar con los Nini se enfrenta a la realidad de los diagnósticos de la misma Secretaría de Educación Pública. A pesar de tener bajo la mano esos números, hay poco qué hacer cuando el acento en la mirada de la política educativa solo se puso a la educación básica.
Pero si así está la promesa de no tener más rechazados de las universidades, en el caso de la gratuidad los rectores de las universidades públicas han dado cuenta sobre los desafíos que ahí se tienen como consecuencia de la austeridad y la pobreza franciscana impulsada desde Palacio Nacional.
Universalidad y gratuidad fueron dos de los principios impulsados en la reforma al sistema universitario con la nueva Ley General de Educación Superior, vigente desde abril de 2021 y sustituyó a la de 1978.
Los desafíos a más de dos años de su publicación son mayúsculos, poco se pudo avanzar a pesar de que hay áreas de la SEP que han empeñado no solo voluntad política sino también esfuerzo, pero nadie más les presta oídos.
Han pasado tres funcionarios al frente de la SEP (Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y ahora se encuentra Leticia Ramírez) pero ninguno de ellos hizo suya la agenda de los compromisos presidenciales y mucho menos los desafíos del sistema universitario.
La política universitaria requiere atender añejos y estructurales problemas como el que una decena esté en una crisis de supervivencia por el pago de pensiones y jubilaciones, la expansión de la primera década de este siglo dejó sin reconocimiento y certeza laboral a muchos profesores que siguen esperando a que la SEP intervenga ante Hacienda cómo sí lo hicieron con profesores de la CNTE.
La lista de estos desafíos no observados es larga: actualización de infraestructura, remodelación para garantizar seguridad, protección de riesgos ante desastres naturales, actualización de la tecnología para la educación y conexión gratuita a internet.
Mientras por otro lado se demanda renovación de las plantillas académica, de investigación y administrativos. Capacitación y formación docente, acceso a un mayor número de becas, más recursos para la innovación y el desarrollo científico, impulsar la cooperación transversal, la movilidad no solo global sino entre sistemas y entidades.
En la parte de gestión insistir en mejores prácticas administrativas, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Pero también con ello temas que han puesto en el foco a las instituciones como el plagio de ideas, como en el caso de la ministra Yasmín Esquivel o la coordinadora opositora rumbo a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.
De igual manera las violencias de género, la inseguridad, la presencia de narcomenudistas y otros grupos delictivos en torno a las instituciones, el cada vez más elevado consumo de drogas y alcohol de los jóvenes. Ello sin dejar de observar los problemas con las federaciones o asociaciones estudiantiles que son blanco de apetitosos intereses en procesos de sucesión en las instituciones o en procesos electorales locales, así como los propios intereses de las agrupaciones sindicales en entornos nacionales y estatales.
Se podría puntualizar y profundizar en cada uno de ellos, lo cierto es que expandir la matrícula y que no implique gasto para las familias fueron los ejes de la propuesta presidencial allá en 2018.
Tres años llevó elaborar una Ley, de las pocas que han logrado el consenso de todos los involucrados. Esa es una tarea qué hay que reconocer, pero ese sólo era el principio.
Ese consenso en los subsistemas y las señales de gobernanza que, en particular, han mantenido los rectores de poco sirvieron. Hay maltrato y desdén que se expresa ya en una crisis por los recortes presupuestales a fondos que se concursaban para mantener el crecimiento de matrícula, la calidad del sistema y la atención de problemas estructurales.
Hasta el año pasado, la cancelación de esos fondos, sumaban ya 60 mil millones de pesos en seis años. Las principales universidades del país, las que mejor trato tenía sumaban recortes reales de 7 por ciento para la UNAM, 13 por ciento para el IPN y 14 por ciento para la UAM. Las universidades requieren que haya quien mire sus problemas, lo siguiente será una ola de jóvenes con su amparo bajo el brazo (como ya hay antecedentes en un par de instituciones estatales) en busca de hacer efectivos los preceptos constitucionales: acceso universal y educación gratuita.
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