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Nacer mujer en una comunidad con gobierno de usos y costumbres

Las mujeres oaxaqueñas han presentado datos que desmienten el argumento sobre la imposibilidad de cumplir con la paridad

Por Patricia Olamendi

El pasado 28 de septiembre, el Congreso de Oaxaca decidió hacer inoperante la paridad en todos los espacios de poder y cabildos de aquellos municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, relegando a las mujeres indígenas a ciudadanas de segunda, e infringiendo los contenidos del artículo segundo de la Constitución Federal y lo establecido por la reforma de 2019 de “paridad en todo”.

Con una mayoría en el congreso -MORENA, PT Y PVEM- reformaron el tercer transitorio de la legislación local con la que se determinaba la obligación de garantizar la paridad total en los municipios indígenas para 2023.

Ahora, con la reforma aprobada la implementación de la reforma de paridad en Oaxaca será “de manera gradual e indefinida” aplazando este compromiso constitucional a la posteridad, posicionando -de facto- a las mujeres indígenas de Oaxaca bajo un régimen de excepción respecto a sus derechos políticos.

La falsa dicotomía que se quiere presentar entre el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación y sus usos y costumbres contrapuesta con los derechos humanos de las mujeres es un falso discurso que ha sido superado en múltiples foros a nivel nacional e internacional.

Por ello, este falso debate en torno a que la paridad atenta contra la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, es simplemente utilizado para impedir la participación de mujeres en los sistemas de cargos, mismos que han demostrado contar con la capacidad, conocimiento y voluntad para ejercerlos.

No solo ello, es sabido que la participación de las mujeres en los asuntos públicos y toma de decisión fortalece a los pueblos y comunidades indígenas, pues se valoran y reconocen los aportes que las mujeres realizan a sus comunidades y se incorpora su visión en los espacios comunitarios.

Frente a este contexto debemos recordarles a todas las autoridades - incluidas las y los legisladores- que todo servidor público tiene la obligación de analizar la situación estructural que enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género e intercultural y, en consecuencia, generar leyes políticas y presupuestos que garanticen el ejercicio de sus derechos -entre ellos los políticos y electorales-.

En todo este debate las organizaciones locales y las mujeres que ocupan o han ocupado cargos en esos municipios de manera contundente han señalado que la reforma representa una violación a sus derechos humanos y un retroceso a los espacios ganados.

Y han calificado a las diputadas y diputados que promovieron esta reforma como racistas y clasistas, pues durante la discusión de la reforma se pronunciaron discursos en apoyo a las modificaciones donde las y los legisladores las consideraron incapaces para desarrollar sus funciones en cargos.

Además, las mujeres oaxaqueñas han presentado datos que desmienten el argumento sobre la imposibilidad de cumplir con la paridad, ya que en 100 municipios ya realizaron las asambleas comunitarias electivas y solo en 8 municipios no se ha cumplido con la medida.

Lo cierto es que la respuesta de las mujeres indígenas a la reforma y a los discursos para justificarla no tiene desperdicio, se les olvida la valentía y liderazgo que tiene cientos de mujeres en sus pueblos y comunidades, los esfuerzos que hacen en la defensa de sus derechos y su cultura sin dejar de lado el trabajo individual y colectivo en beneficio de sus comunidades con un profundo compromiso con las futuras generaciones de mujeres y niñas indígenas.

Se habla ya de la primavera oaxaqueña.

A nivel nacional, el debate sobre la reforma pone en evidencia la necesidad de fortalecer las medidas especiales o de acción afirmativa para mejorar la situación de las mujeres en las comunidades indígenas de todo el país, pues la pobreza, desigualdad y violencia son y siguen siendo los obstáculos más visibles para el ejercicio de sus derechos y aún estamos lejos de erradicarlas.

Por lo pronto debemos sumarnos a los esfuerzos que se están dando y gestando a nivel local e impedir que se retroceda en sus derechos. Hoy el proyecto de reforma está en manos del ejecutivo del estado, el gobernador Alejandro Murat pues, tiene facultades constitucionales para ejercer el veto a esta contrarreforma que tiene como objetivo oculto perpetuar el impedimento de mujeres a participar en los asuntos de sus municipios.

En nuestras manos está sumarnos a sus demandas, defender sus derechos: como bien lo dicen sus comunicados.

Hasta que la dignidad y nuestra participación política se haga costumbre.