Impunidad ante las fosas clandestinas
Las fosas clandestinas y los cuerpos fragmentados son, sin duda, un eslabón en la crisis de desapariciones, delito en el que Jalisco ocupa el primer lugar nacional.
Por Sonia Serrano
Hace más de tres años, el 3 de marzo de 2020, la entonces directora del Servicio Médico Forense (Semefo) Martha Stephanía Robles Cervantes envió un oficio a su superior, el todavía director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza, para notificarle que ante la falta de espacio en las cámaras de refrigeración, se había implementado “la estrategia de resguardar las secciones anatómicas procedentes de esos eventos (las fosas clandestinas) en contenedores especiales dentro de las mismas cámaras refrigerantes, liberando así módulos para los cuerpos de mayor tamaño”.
La comunicación entre ambos funcionarios fue entregada ante una solicitud de transparencia. En principio los correos habían sido negados, luego se proporcionaron testados, de manera que no pudieran leerse y, finalmente, fueron liberados, tras una resolución del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), que determinó que no era información que pusiera en riesgo la seguridad del estado.
Así se confirmaron las denuncias anónimas que habían hecho algunos trabajadores forenses en el sentido de que los cuerpos fragmentados que eran extraídos de fosas clandestinas eran colocados en cajas de plástico comunes, que luego eran apiladas en los pasillos de las cámaras de refrigeración, porque los espacios habían quedado rebasados.
Unos días antes, a finales de febrero, Robles Cervantes había enviado otro oficio a su jefe, en el que le manifestaba su preocupación por la crisis que enfrentaban, especialmente a partir de que comenzó la recuperación de “indicios de restos humanos en los sitios de inhumación clandestina denominados como fosas”, así como por el “rezago en el procesamiento y emisión de dictámenes complementarios para la asociación de secciones anatómicas y su futura identificación”.
Esa crisis, que ya se vislumbraba en 2020, no se contuvo e incluso aumentó, pues Jalisco se mantiene en los primeros lugares en el país en fosas clandestinas y también en el número de cuerpos extraídos de las mismas.
Las fosas clandestinas y los cuerpos fragmentados son, sin duda, un eslabón en la crisis de desapariciones, delito en el que Jalisco ocupa el primer lugar nacional.
¿Cómo se llegamos y nos mantenemos durante los últimos años en esta crisis? La respuesta es muy simple: gracias a la impunidad. En un trabajo publicado este 21 de marzo por el periodista Lauro Rodríguez en el periódico NTR Guadalajara, basado en datos de la Fiscalía del Estado, se confirma que en lo que va de la actual administración estatal, que comenzó en diciembre de 2018, hasta la fecha han sido localizadas 133 fosas clandestinas, de las que han sido recuperados mil 500 cuerpos. En contraste, solo se ha dictado una sentencia condenatoria.
Lo anterior significa que en el resto de los casos los crímenes se mantienen en la impunidad y las víctimas no han conseguido justicia.
“Jalisco es una fosa” ha señalado en varias ocasiones Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fundej). Los sitios de inhumación clandestina ni siquiera están en lugares apartados. Algunos han sido encontrados en viviendas de colonias populares, pero también en zonas de mayor poder económico y hasta en parques públicos.
Fragmentar los cuerpos y enterrarlos se ha convertido en la vía que utiliza el crimen organizado para borrar el rastro, asegura Cecilia Flores Armenta, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que en varias ocasiones ha visitado el estado ante el aviso de ubicación de fosas clandestinas,especialmente Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, ambos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.
Y así como no llega la justicia, en muchos casos tampoco se logra la identificación de los cuerpos, ya que el trabajo forense se topa además con la dificultad de encontrar los diferentes fragmentos y cumplir con los protocolos para entregarlos a sus familias.
Así, cientos de personas que son buscadas por sus seres queridos no serán encontradas y jamás habrá justicia.
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