La violencia contra la mujer: un problema de Salud Pública
Muchos episodios de violencia se quedan sin ser denunciados ni verbalizados por temor, vergüenza, falta de confianza en el sistema de justicia, carencia de recursos, entre muchos otros.
Por Trizia Herrera
Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su origen se remonta al asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, en la República Dominicana cuando éstas tres activistas políticas fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. A raíz de estos asesinatos, cobró un papel de alta relevancia la necesidad de discutir en diversas instancias la violencia de género.
Sin embargo, fue hasta 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución para designar aquel 25 de noviembre como un día conmemorativo contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Así, quedó asentada la definición de la violencia contra la mujer como “Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Si bien esta definición de violencia y su ubicación en la realidad abarcan muchísimos tipos de violencia contra las mujeres como la económica, física, sexual, digital, psicológica, simbólica y vicaria, hoy quiero enfocarme en los efectos directos que cualquiera de esas violencias tiene sobre la salud de las mujeres, lo que convierte a la violencia contra las mujeres en un problema de Salud Pública.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos una de cada tres mujeres ha vivido violencia física, psicológica o sexual en algún momento de su vida. Cabe señalar que esa cifra refleja aquellos hechos reportados, pero es importante recordar que muchos episodios de violencia se quedan sin ser denunciados ni verbalizados por temor, vergüenza, falta de confianza en el sistema de justicia, carencia de recursos, entre muchos otros.
Pero, ¿cuál es el impacto de estas violencias en la salud física y mental de las mujeres? La respuesta más obvia es, desafortunadamente, la más grave y se refiere a los feminicidios, seguidos por lesiones como fracturas, contusiones y diversos tipos de heridas físicas, pero la violencia también puede desencadenar problemas crónicos de salud física como trastornos gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, sexuales y reproductivas, lo que impide o limita a las mujeres para desarrollarse plenamente e integrarse de manera productiva en la sociedad, lo cual se refleja en un freno adicional al desarrollo y reducción de la pobreza, así como un aumento significativo en el gasto público en salud.
Ahora bien, en el campo de la salud mental, el daño muchas veces es invisibilizado, aunque llega a ser mucho más profundo y significativo que la afectación física. Las mujeres que han sido objeto de violencias, presentan, en distintas medidas, trastornos de ansiedad, alimentarios, depresión, estrés postraumático, autolesiones y hasta el suicidio, entre muchas otras.
En materia de salud reproductiva, hay un sinnúmero de efectos negativos que se desprenden de la violencia sexual desde el riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, complicaciones en el embarazo y afectaciones al sistema reproductivo. Además, las mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen un mayor riesgo de parto prematuro y de tener bebés con bajo peso al nacer y otras condiciones delicadas de salud. Asimismo, la violencia obstétrica, aquella que se refleja en un trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que impacta de manera transversal en la mujer y su descendencia.
En México, se han implementado diversos esfuerzos, aún insuficientes, para frenar la violencia contra las mujeres. Cuestiones como la creación de una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007; el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivado de la ley mencionada; las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que se implementan en las entidades federativas; entre otras, son algunas medidas que se han quedo en la letra y cuya ejecución enfrenta aún muchas barreras para su pleno ejercicio. Asimismo, no se cuenta con mecanismos adecuados para que la Salud Pública tenga una perspectiva amplia de género que permita brindar una prevención suficiente que aborde la violencia desde todas las ópticas aquí señaladas.
La erradicación de la violencia hacia la mujer es esencial para proteger no solo nuestros derechos fundamentales, sino también nuestra salud de manera integral. Además de los mecanismos de prevención y atención, es fundamental contar con políticas efectivas de apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia, brindándoles acceso a servicios de salud física y mental, asesoramiento legal y espacios seguros de manera gratuita y universal.
Solamente a través de esfuerzos multifactoriales y en los que todas las esferas de la sociedad participen, podremos realmente llegar a políticas públicas que logren garantizar el derecho constitucional a una vida libre de violencia y a la protección de nuestra salud. Sirva la vida extinta de las hermanas Maribal y la de millones de mujeres en el mundo para actuar en búsqueda de ello.
*Trizia Herrera es politóloga, enfocada en Salud Pública desde hace más de 1O años. Es directora general de EPLOC, agencia de asuntos públicos.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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