Utilizan nuestra imagen pero no garantizan nuestros derechos

Por Zenaida Pérez Gutiérrez*

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El ambiente electorero anda con todo, adelantándose a los tiempos determinados por la ley, para quienes no sabemos de esto nos enteraremos hasta el siguiente año de las candidaturas y pocos sabremos de los pactos y acuerdos que nunca saldrán publicados.

Aunque el principio universal de derechos humanos determina la igualdad y no discriminación, lo cierto es que, en la distribución de oportunidades y conocimiento, así como el disfrute de derechos, algunas quedamos muy atrás, es el caso de las mujeres indígenas.

A pesar de ello, en 2014 una articulación de 12 redes nacionales nos congregamos para hacer un balance a 20 años de la ley Revolucionaria de las mujeres indígenas. Viendo el retroceso de las políticas públicas, el aumento de la violencia, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la imposición desmedida de megaproyectos que despojan del territorio a los pueblos indígenas, decidimos configurar un espacio de articulación nacional que exija al Estado el cumplimiento de su deber.

Después llegó el nuevo gobierno, así en el marco de nuestro quinto Congreso anual, en septiembre de 2018 publicamos como ANPMI (Asamblea nacional política de mujeres indígenas) “Mujeres indígenas, una agenda política pendiente” que fue presentada a las autoridades federales, algunos lo recibieron con bien e hicieron compromisos más que esperanzadores, hoy a casi 5 años, repasamos y hacemos un balance de la misma:

1. Reconocer a las mujeres indígenas como sujetas de derecho. Garantizar su participación política en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones.
2. Generar datos desagregados por condición étnica y de género que indiquen la problemática de desigualdad para dar soluciones pertinentes.
3. Crear un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos los espacios.
4. Acciones de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas: institucionalización del Día Internacional de la mujer indígena y creación del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas Defensoras.
5. Revisar la legislación agraria para incorporar el derecho de las mujeres indígenas al acceso a la tierra.
6. Fortalecer, promover y garantizar los derechos lingüísticos en México. Asegurar el derecho a la traducción e interpretación en todos los espacios.
7. Promover acciones y programas para reconocer a las juventudes indígenas, su valor en la continuidad de sus comunidades y el aporte desde su identidad étnica dentro de la sociedad nacional.
8. Garantizar el derecho a la salud y no violencia, con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos. Potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una política pública exitosa en la prestación de servicios a esta población.
9. Proporcionar garantías de seguridad para las mujeres indígenas promotoras y defensoras de los derechos humanos.
10. Garantizar el ejercicio de la partería tradicional indígena de forma libre, desde nuestra cosmovisión, sin que se condicione ni criminalice a las parteras ni a las parturientas. Es parte del sistema de conocimiento indígena, que debe ser conservado y no desaparecido, es parte fundamental de nuestro modo de vida y supervivencia.

Nuestro balance es que en los hechos falta mucho para ser reconocidas sujetas de derecho, aunque han avanzado algunas cuotas y medidas sobre la participación política, sigue la simulación, usurpación y violencia política. Sobre las acciones de reconocimiento tenemos el decreto del Día Nacional de la Mujer Indígena, y el premio Marta Sánchez, aunque falta mucho por trabajar las reglas y requisitos para acceder a ella, pues aún falta la pertinencia cultural.

Sobre los datos desagregados por condición étnica y de género va avanzando poco a poco, lo que sí es lamentable es que no existe un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo por los derechos de las mujeres.

Sobre los derechos lingüísticos se está desapareciendo al Instituto nacional de lenguas indígenas, INALI, lo que violenta el derecho a la traducción e interpretación. Las políticas de juventudes aún están ausentes, tampoco se le ha convocado para co-construir programas acordes a sus intereses.

El potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una política pública exitosa, aún está pendiente de cumplirse, al contrario, sigue dependiendo de la voluntad del gobierno en turno, esperar a si les dan presupuesto y bajo qué condiciones, no hay presupuesto etiquetado. La garantía al trabajo de las parteras está pendiente, las siguen violentando y restringiendo su labor, prohibiendo el derecho cultural de los pueblos a su medicina y sanación propia, a la identidad de la niñez y el derecho a decidir de las mujeres.

Sobre las garantías de seguridad para las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos, es un tema pendiente, pues como se ha documentado, han sido más personas defensoras del territorio quienes ha sido asesinadas en los últimos tiempos, así que nos queda claro que usan nuestra imagen, ritualidad, idiomas, nuestros trajes, pero eso no ha significado que garanticen nuestros derechos.

*Consultora, activista por los derechos de las mujeres, juventudes y pueblos indígenas.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.

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