Respira
Por Isabel Uribe
Al gobierno federal le urge aprobar una reforma electoral, y no precisamente porque sea una demanda o una preocupación ciudadana, sino porque quiere y puede. La conformación de la actual Legislatura del Congreso Federal se lo permite. La holgada mayoría con la que hoy cuenta el partido gobernante y aliados en la Cámara de Diputados y un poco menor en el Senado, puede ser, sin duda, el motivo principal que ha apresurado el interés por cambiar las reglas del juego.
Con el discurso de austeridad y eficacia institucional, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una reforma que modificará, no sólo la arquitectura del sistema electoral, sino el pluralismo político, principio fundamental al que Jesús Reyes Heroles le dio cabida en 1977, esto, bajo el argumento de que “los sistemas políticos envejecen y de que no hay sistemas políticos para siempre”, con lo que se abre un nuevo capítulo en la disputa por el poder en México.
De momento, como lo ha señalado Ricardo Monreal, no existe ninguna iniciativa o proyecto en concreto. Es fundamental saber si el proyecto se limitará a reducir el financiamiento a partidos políticos, disminuir el costo de las elecciones y eliminar las listas plurinominales para el Congreso, o si retomará el llamado “Plan A” promovido por Andrés Manuel López Obrador en 2022 y el cual no prosperó, debido a que Morena no contaba con la mayoría requerida en el Congreso para aprobar una reforma constitucional.
El “Plan A” pretendió sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la eliminación de los distritos electorales, la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPLES) y concentrar las elecciones a nivel federal, estatal y municipal. Planteó la elección mediante el voto popular de los Consejeros electorales y de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
También propuso eliminar el financiamiento público a partidos políticos, particularmente a sus actividades ordinarias y cubrir dichos gastos con dinero de simpatizantes y militantes. Se preveía la asignación de recursos públicos únicamente en tiempos de campaña y durante la contienda electoral, con el riesgo de que el crimen organizado se convirtiera legalmente en el patrocinador de la clase política.
El tema está en la agenda pública, y ante ello, las interrogantes y suspicacias. La más importante e inevitable: ¿Será ésta la reforma de Claudia Sheinbaum o será el eco prolongado de los verdaderos deseos incumplidos de Andrés Manuel?
Expertos en materia electoral, señalan que una reforma amplia deberá ir más allá de lo anunciado en Palacio Nacional, por ejemplo, preservar el artículo 134 constitucional que establece la neutralidad del gasto público y prohíbe la propaganda gubernamental en época electoral; implementar mecanismos de transparencia en la vida interna de los partidos, fortalecer la capacidad de interpretación del INE o la eliminación del 8% de sobrerrepresentación de los partidos políticos.
Si se pretende desaparecer a las y los legisladores plurinominales y preservar la pluralidad política, el Constituyente deberá establecer nuevas fórmulas, podría ser a través de listas nacionales de remanentes para que las minorías no sean excluidas, o listas abiertas para que no solo sean las cúpulas partidistas, las de siempre, las que se mantengan en el poder, sino garantizar, la llegada de nuevas organizaciones políticas y nuevos jugadores.
Tampoco se puede normalizar el ensangrentamiento de las elecciones ni continuar sin esquemas de protección especial a candidatos en zonas consideradas como altamente violentas. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales debe tener dientes, autonomía, y no estar únicamente supeditada a la Fiscalía General de la República, jugando un papel meramente testimonial.
La Comisión presidencial liderada por Pablo Gómez, ya está en marcha. Se vislumbra complicado un diálogo continuo con los partidos opositores. En esta reforma, el factor menos relevante podría ser la oposición, ya que el partido gobernante no la necesita, sin embargo, podría ser la más afectada. De la sensatez política dependerá escuchar e integrar sus voces y propuestas en las discusiones legislativas, de lo contrario, se pondría en jaque aquella frase de que los grandes cambios electorales se aprueban por consenso.
La Reforma Electoral podría cambiar el futuro inmediato de este país, para bien o para mal. Será imprescindible saber si se legislará por coyuntura y con dedicatoria, para dejar el camino libre a la permanencia de un partido o permitirá, que la legalidad y el derecho de “votar y ser votado” continúen. En suspenso queda la posición de los partidos aliados y la voluntad del pueblo, ese falso recurso discursivo, tan recurrente en nuestros días…
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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