El plan b
Si no se aprueba con otras fuerzas políticas la reforma constitucional, entonces buscará aprobar lo mismo con su propia fuerza aislada, en leyes secundarias.
Que el presidente Andrés Mánuel López Obrador, a través de la bancada legislativa que le es afín, anuncie que tiene un plan alternativo a la reforma electoral constitucional parece una buena noticia.
Todo gobierno debe tener un plan b. Sobre todo si es un gobierno que habita un régimen democrático, pues es posible que sus políticas públicas no siempre encuentren consenso o la mayoría requerida para impulsarse. Lo mismo sucede con las modificaciones al régimen, los cambios institucionales, las maquilladas de ley o los ajustes a la propia democracia.
Un gobierno que respeta ese disenso tiene que contemplar, siempre, alternativas con las que pueda negociar.
El problema con el plan b de este gobierno es que no es una alternativa en un marco democrático, sino la búsqueda de la imposición, por otras vías, del mismo plan. Si no se aprueba con otras fuerzas políticas la reforma constitucional, entonces buscará aprobar lo mismo con su propia fuerza aislada, en leyes secundarias.
Falta ver que sea posible. El presupuesto a los partidos, la forma de elección del INE y la organización de los espacios legislativos federales y locales no pueden ser alterados fácilmente sin meter mano a la Constitución. Pero eso no significa que no se les pueda ahorcar de otras formas, empezando por el presupuesto. Caminos para ahorcar al INE y a los partidos los hay.
