Por Julieta del Río
“El sufrimiento no se negocia, las vidas humanas no tienen precio, para nosotros lo primero es que aparezcan”. A 10 años de lo sucedido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, la historia de México nos recuerda que aún hay familias que esperan saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin duda, la justicia y el Estado han quedado a deber.
Este caso, donde 43 estudiantes desaparecieron en 2014, es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido nuestro país. Por esa razón, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad ya que, el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica son parte de una verdadera reparación del daño.
Varias autoridades han sido resistentes para entregar información, y aquí es cuando la sociedad, medios de comunicación e investigadores ejercen su derecho a saber y piden datos al respecto. Solo ante instrucciones del INAI los familiares de las víctimas, la prensa y la sociedad en general han podido conocer lo que por derecho es público, sobre todo si hablamos de información que puede marcar la diferencia entre avanzar rumbo a la justicia y reparación del daño.
Por ello, desde el INAI he resuelto a favor de transparentar cualquier información al respecto. El 18 de enero de 2023, en un recurso resuelto en mi Ponencia y presentado en el Pleno del Instituto, instruimos a la Oficina de la Presidencia de la República a presentar el expediente relacionado con el caso Ayotzinapa, entregado por la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica al titular del Poder Ejecutivo mexicano.
Además, el 3 de abril de este año ordenamos a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informar sobre la copia certificada (sin testar) de los informes emitidos por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa de agosto de 2022 y septiembre de 2023 con sus respectivos anexos.
Estos son tan solo dos casos de los 211 recursos y 1940 solicitudes que se han recibido sobre el tema Ayotzinapa hasta la fecha, donde, del total de recursos, el 88.9 por ciento se ha resuelto a favor de las personas. La Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación son los tres sujetos a quienes más recursos de revisión han sido dirigidos.
Entre las palabras que más se encuentran en los recursos aparecen: “violación de derechos humanos, “actos de corrupción”, “desaparición forzada” y “seguridad nacional”, con lo cual nos podemos dar una idea de qué pregunta y quiere saber la sociedad sobre este caso.
Estos no son solo números, se trata de personas que están sumándose desde cualquier trinchera para que este asunto se esclarezca. En el INAI sabemos que la máxima publicidad de la información es vital para ello, por lo que resolvemos con este criterio, pues se trata de un caso de violaciones graves a derechos humanos.
Ayotzinapa también nos recuerda la importancia de contar con una institución imparcial y que sea la que valore la situación para que, en caso de una primera negativa de información, sea alguien con autonomía quien resuelva si se puede o no conocer lo solicitado.
A 10 años de la tragedia no debemos ser indiferentes porque como sociedad debemos atender la memoria, impulsar la justicia y fomentar que no se repitan los mismos crímenes. Solo así demostraremos que somos un país que ha avanzado.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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