Por Julieta del Río*

En los últimos días, el gobierno mexicano ha optado por responder con cautela —y con reservas de información— ante solicitudes de autoridades de Estados Unidos relacionadas con investigaciones de alto nivel que involucran a actores de la vida pública nacional.

La exigencia de pruebas, el reclamo de formalidad jurídica y la invocación de la confidencialidad han marcado la postura institucional. En términos legales, estos elementos no son menores. Pero el momento en que se utilizan y la forma en que se articulan sí lo son.

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