La ciudad que promete, pero no protege

Por Kelly Méndez

La Ciudad de México se encamina hacia una nueva etapa política con Clara Brugada al frente. Su propuesta de gobierno, articulada en 14 ejes estratégicos presentados tras su victoria electoral, promete una ciudad de derechos, bienestar y transformación territorial. Pero el papel lo aguanta todo. Y el riesgo está en que, bajo la promesa de inclusión, se geste un modelo urbano que profundice la desigualdad y consolide la gentrificación como política de Estado.

Brugada no es nueva en la escena. Su laboratorio político es Iztapalapa, alcaldía que en años recientes ha sido intervenida desde una lógica de infraestructura social, recuperación de espacios públicos y ampliación de servicios. Sin embargo, esas mismas políticas, sin medidas claras de blindaje comunitario, pueden convertirse en catalizadores del despojo silencioso: una transformación que mejora el entorno, pero que encarece la vida y desplaza a quienes lo habitan.

Entre los ejes propuestos, destacan promesas como el derecho al suelo y a la vivienda, la igualdad territorial, la creación de ciudades del cuidado, el mejoramiento del espacio público, y el fortalecimiento de una economía social y solidaria. Todos ellos, en teoría, impulsan una ciudad más justa. Pero la pregunta central es: ¿para quién será esa justicia?

La experiencia en otras zonas de la capital -Roma, Condesa, Juárez, Santa María la Ribera- ha demostrado que sin regulación efectiva, la mejora urbana se convierte en oportunidad de negocio. El valor del suelo aumenta, el capital inmobiliario se expande, y los habitantes originales son desplazados. La vivienda social no compite con la vivienda como activo financiero.

Uno de los ejes más ambiciosos de Brugada es el acceso al suelo y a la vivienda. Propone impulsar una política de reserva territorial, incrementar la oferta de vivienda social y recuperar predios para su uso comunitario. En abstracto, suena bien. Pero sin freno a la especulación y sin una política clara de renta asequible, este objetivo puede quedarse en discurso. No se puede hablar de derecho a la vivienda si no se garantiza el derecho a permanecer.

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