Respira
Sandra Romandía
En México, 2025 quedará inscrito en la memoria colectiva como el año en que la ausencia de una cultura de aseguramiento no solo se tradujo en cifras, sino en tragedias humanas que expusieron nuestra vulnerabilidad estructural. El seguro —ese contrato formal que promete cobijo frente al caos— se reveló, para muchos, no como un escudo, sino como un espejo que devuelve la pregunta que no queremos hacernos: ¿hasta qué punto somos responsables de la seguridad de los otros?
Contratar un seguro suele narrarse como una decisión privada, casi doméstica. Un gesto individual de prudencia. Pero esa lectura es tan cómoda como peligrosa. Porque cuando una empresa decide no asegurar una pipa que transporta decenas de miles de litros de gas no está tomando un riesgo personal, está apostando con la vida de decenas. Cuando un comercio opera sin protocolos o coberturas suficientes, convierte a la comunidad en rehén. Y cuando un mitin político improvisa estructuras sin evaluar coberturas, la movilización social se transforma, de pronto, en vulnerabilidad colectiva.
La pensadora alemana Hannah Arendt advertía que la irresponsabilidad suele ser colectiva, aunque se disfrace de decisiones individuales. El seguro es ese espejo incómodo donde se refleja esa irresponsabilidad.
Iztapalapa, 2025: la pipa que se volvió fuego y deuda social
El 10 de septiembre, en el cruce vial de La Concordia, en Iztapalapa, una pipa que transportaba 49,500 litros de gas LP (gas licuado de petróleo) volcó y detonó con tal violencia que la onda expansiva se sintió a varios metros de distancia. El saldo oficial fue de 32 personas fallecidas y decenas de heridos; familias fracturadas por el fuego y la incertidumbre. La investigación señaló exceso de velocidad y omisiones de supervisión por parte de la empresa operadora, lo que desnuda una pregunta pendiente sobre la responsabilidad corporativa y la gestión del riesgo en actividades de alto impacto. El drama no concluye con el estruendo de la explosión, sino con el tortuoso laberinto de indemnizaciones que tardan en llegar y, a veces, nunca lo hacen.
San Pedro Garza García, 2024: cuando el escenario se desploma y la logística falla
El 22 de mayo de 2024, un evento masivo en el que se calculó la presencia de 10 mil personas, en San Pedro Garza García, Nuevo León, terminó en crisis cuando el templete principal colapsó, hiriendo a 213 personas, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, de las cuales fallecieron 10. No fue un huracán ni una erupción volcánica: fue el resultado de una estructura inadecuada, viento mal calculado y permisos que brillaron por su ausencia. Ese episodio, que muchos recordarán como el “templete que se volvió tumba”, debería ser recordado también como una advertencia sobre la gestión de riesgos en espacios de concentración pública.
Hermosillo, 2025: Waldo’s y el vacío de Protección Civil
El 1 de noviembre, en una tienda de la cadena Waldo’s en Hermosillo, Sonora, ocurrieron un incendio y una explosión que se tradujeron en otra página dolorosa de 2025: 23 muertos y más de una decena de heridos. La fiscalía de Sonora determinó que el siniestro se originó por una falla en un transformador eléctrico propiedad de la cadena comercial. Entre las causas subyacentes, se estableció que el establecimiento operaba sin autorización de las autoridades de Protección Civil desde 2021, además de otras omisiones en los protocolos de seguridad. Las autoridades ordenaron el cierre temporal de otras 68 sucursales. Las investigaciones judiciales aún se encuentran en marcha.
Acapulco, 2023: Otis y el espejismo de una reconstrucción sin seguro
Una de las tragedias mayores de los últimos años en México ocurrió en octubre de 2023, cuando el huracán Otis alcanzó categoría cinco en menos de 24 horas y golpeó el puerto de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. El gobierno admitió la muerte de 52 personas, aunque investigaciones de prensa, como las de la revista digital Emeequis, identificaron hasta 98 desaparecidos un año después de la tragedia.
Mientras la devastación era visible en fachadas arrancadas, hoteles derrumbados y vecindarios arrasados, los números que fluyeron desde el sector asegurador fueron otra forma de dolor. Las aseguradoras contabilizaron daños en más de 13,800 viviendas, 12,134 automóviles, 94 hoteles y 203 embarcaciones, con una estimación inicial de pagos que osciló entre 50 mil y 110 mil millones de pesos (equivalentes a entre 3 mil y 6 mil millones de dólares), cifras enormes que solo cuentan los bienes que sí estaban asegurados.
Un año después, las aseguradoras agrupadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) habían pagado casi 40 mil millones de pesos, equivalentes a 2 mil millones de dólares, lo que convirtió a Otis en el segundo desastre climático más costoso para el sector, después del huracán Wilma de 2005. Organizaciones privadas estimaron los daños totales entre 12 y 16 mil millones de dólares. En noviembre de 2023, el gobierno federal anunció un plan de reconstrucción por 61,313 millones de pesos, unos 3,400 millones de dólares.
La otra cara —la que no aparece en las reclamaciones— la constituyen los miles de propietarios de viviendas, embarcaciones de pesca o pequeños comercios que simplemente no tenían póliza. Un año después, hoteles fantasma y estructuras abandonadas siguen marcando la costa de Guerrero, evidencia muda de que la recuperación no alcanza a quienes quedaron fuera del sistema asegurador.
México, 2025: la sombra de una cultura de aseguramiento insuficiente
Los datos revelan un patrón: la penetración del seguro en México ronda apenas entre 2.6 y 3.2 % del Producto Interno Bruto, muy por debajo de países con culturas de aseguramiento más consolidadas. Esto se traduce en que, cuando ocurre una catástrofe, el impacto sobre la vida y el patrimonio de las personas se magnifica y rebasa todas sus capacidades de reacción.
El economista austriaco Friedrich Hayek afirmaba que la sociedad es un “orden espontáneo” nutrido por la acción humana coordinada, no por decreto. Pero coordinar acciones implica prever, instituir reglas claras y reconocer que prevenir es más barato —y más humano— que reparar. Y aquí radica el nudo: el seguro no puede seguir siendo un accesorio para las clases acomodadas ni una formalidad para las grandes empresas. Debe ser un componente esencial de la gestión del riesgo colectivo.
John Rawls, filósofo estadounidense y autor de Teoría de la justicia, proponía que una sociedad justa se mide por cómo distribuye las cargas del infortunio. En un país donde una parte sustantiva de las pérdidas por desastre corresponde a bienes habitacionales, ¿qué sentido tiene permitir que millones carezcan de coberturas básicas?
Cierre de año y reflexión: 2025 como espejo
Mientras cerramos este 2025, la agenda pública debe confrontar una realidad ineludible: no basta con llorar a las víctimas ni con repartir cheques indemnizatorios tardíos. El reto real —y urgente— es convertir cada tragedia en políticas públicas que privilegien la prevención sobre la reparación, la cultura del seguro sobre el fatalismo y la responsabilidad colectiva sobre la indiferencia individual. El seguro no es un lujo, es un compromiso social; no es solo un contrato entre partes, sino un pacto moral con quienes comparten calles, playas, plazas y rutas de tránsito.
Como decía Hannah Arendt, “el amor al mundo es lo que hace al mundo habitable”. Quizá sea hora de empezar a amar nuestro mundo desde la póliza con la cual prevenir, antes de lamentar el cuerpo que ya no está.
Nuestra humanidad es frágil y, por más avances tecnológicos que nos aguarden, lo seguirá siendo, en especial frente a la adversidad generada por los elementos. Así lo dicta el orden natural. También define la índole intrínseca del desastre: casi siempre es súbito e inesperado. Por ello, solo podemos paliar las heridas que causa y rearmar el curso de lo cotidiano con la disponibilidad de recursos materiales extraordinarios, con una rapidez que no puede esperarse de las burocracias oficiales y una cuantía que no puede exigirse de la generosidad del prójimo. Y es que no hay altruismo ni solidaridad más efectiva que la previsión y la prevención.
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