Por Laura Brugés
El primer periodo de sesiones de la actual legislatura, la LXVI, que arrancó el 1 de septiembre, no ha aprobado iniciativas que provengan de los legisladores. Todas las reformas aprobadas han emanado del Poder Ejecutivo, tanto las constitucionales como las legales. Sí, aunque no lo creas, todas han sido enviadas por la Presidencia anterior y la actual.
Salvo una excepción: la llamada “Ley Silla”, impulsada por Movimiento Ciudadano desde la LXV Legislatura y aprobada en esta legislatura, debido a la falta de tiempo en la anterior. Pero, fuera de eso, el trabajo legislativo se ha limitado a cumplir con los mandatos de Palacio Nacional.
Creo que hay un agotamiento legislativo, por no decir una decadencia en la labor parlamentaria. Hay menos profesionalización en los trabajos, poca técnica y todo se ha reducido a gritos y a levantar el dedo para votar, en muchos casos sin siquiera saber qué se está aprobando. Y esto aplica para todos los grupos parlamentarios representados.
No quiero defenderlos, pero me pongo a analizar: ¿a qué hora pueden investigar, leer y volverse expertos, en cuestión de un día, en temas de seguridad, vivienda, legislación laboral, justicia, economía, telecomunicación, medio ambiente, regulación y energía? Han aprobado 18 cambios constitucionales en menos de cuatro meses, tuvieron rachas en las que aprobaban dos reformas constitucionales por semana. En promedio, aprobaron poco más de una reforma constitucional por semana, sólo entre septiembre y diciembre. ¡No hay poder humano que aguante ese ritmo!
Ni Morena ni la oposición tienen tiempo para prepararse, por lo que los debates en tribuna se vuelven estériles y sin fondo. Lo único que resalta es lo entretenido o escandaloso, para que los medios tengamos algo llamativo y circense que incluir en nuestras notas. Tampoco debe extrañarnos ver a una diputada convirtiendo su curul en un puesto de tianguis en pleno salón de sesiones, quien estuvo vendiendo rebozos, porque la realidad es que no hay mayor hazaña que puedan hacer para matar el tiempo hasta el momento de la votación.
El debate y la aprobación de iniciativas se han reducido a un choque ideológico. No importa qué se esté aprobando; al final, todo se resume en frases alusivas a la 4T, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, o en la repetición de referencias al pasado, mencionando a Calderón o García Luna. No hay día en que, de ambos bandos, no se lancen acusaciones de corrupción, narco- Estado o se apoden con referencia a algún animal rastrero.
En lo que respecta a la oposición, se encuentra desmotivada porque al conocerse de antemano el resultado final de las votaciones debido a que Morena y sus aliados les superan en números, no hay mucho que puedan hacer. Ya no tienen poder de negociación pese a tener un asiento en la Junta de Coordinación Política.
A todo esto, hay que sumarle la forma en la que le cargan la mano a los asesores que sacan la chamba a sus diputados, algunos hasta mal pagados y a los que en ocasiones les violan sus derechos laborales.
Haciendo un balance del primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, se presentaron un total de 794 iniciativas, de las cuales solo 19 fueron atendidas. La gran mayoría de esos asuntos fueron promovidos por el Ejecutivo Federal. En el Senado, se presentaron 764 proyectos y se abordaron 112, también en su mayoría remitidos por el Ejecutivo.
Apenas esta semana se publicó la reforma que expide la Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, la cual sirve para dar un marco a la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, tras la eliminación de organismos autónomos como la COFECE y el IFT, ya que al borrarlos, sólo por complacer al Ejecutivo, dejaron todo en el aire. De cualquier manera, seguramente la Consejería Jurídica de Presidencia enviará otra iniciativa en el mismo sentido. Pero, de nuevo, no se trata de propuestas genuinas del legislador, sino de reacciones a iniciativas del Ejecutivo.