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La historia detrás de la interrupción legal del embarazo en CDMX

Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, libertad para elegir y aborto legal para no morir.

Leticia Bonifaz

Se cumplen 15 años desde que el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, despenalizó el aborto hasta las doce semanas de gestación. Fue sin duda un hecho histórico. ¿Cómo se logró?

Las mujeres ya no estaban en ese momento en las calles pidiendo el aborto legal. El movimiento más fuerte de la llamada segunda ola del feminismo había tenido sus momentos más altos en los 70s y 80s. La última vez que se había desbordado la indignación fue por el caso de Paulina en Baja California, a quien obligaron a ser madre en contra de su voluntad.

En el Distrito Federal vino la llamada Ley Robles que amplió causales para abortar lícitamente y que la Corte validó, pero que no tuvo efectos prácticos porque todo seguía implicando acudir ante un Ministerio Público y no se hacía.

Marta Lamas vio una oportunidad de oro con la llegada de Marcelo Ebrard al gobierno de la Ciudad y se acercó a él en los primeros días del nuevo gobierno para valorar si podía transitar una causal más de aborto lícito en el Código Penal. Esta estaría referida al proyecto de vida de la mujer.

El entonces Jefe de Gobierno le dijo a Marta que él impulsaría la reforma, pero que era indispensable platicarlo con la bancada del PRD que estaba reunida en Morelos determinando la agenda legislativa. Marta regresó con buenas nuevas. El PRD (36 diputados) apoyarían el proyecto. Más tarde se sumaría el PRI, Nueva Alianza, el Social Demócrata y el Verde. (12 diputados más en total).

Cuando, en mi carácter de Consejera Jurídica, tuve en mis manos el proyecto de Marta, convoqué a reunión para revisarlo y ahí se tomó la decisión de abandonar el sistema de causales excluyentes de responsabilidad y adoptar el modelo de despenalización total hasta las doce semanas de gestación. En consecuencia, ninguna mujer tendría que ir ante un Ministerio Público a explicar sus razones.

Quienes participamos en el proceso de reforma, el grupo de información en reproducción elegida (GIRE) https://gire.org.mx, IPAS https://ipasmexico.org, el Population Council population concil y Católicas por el derecho a decidir https://catolicasmexico.org, teníamos claro que no habían funcionado las prohibiciones jurídicas y que el aborto clandestino seguía cobrando la vida de muchas mujeres especialmente de escasos recursos que acudían a lugares insalubres o ellas mismas en casa se tomaban o ensartaban cualquier cosa para evitar una maternidad no deseada.

Se reformuló el proyecto de reformas al Código Penal complementándolo con adiciones a la Ley de Salud para enfocar el tema como un asunto de salud pública y para garantizar los servicios en los hospitales de la ciudad a partir de la despenalización, con garantías de asesoría médica previa e informada e incluso con posibilidad de objeción de conciencia.

La reforma se presentó en el periodo legislativo de abril, a cuatro meses de que había llegado el nuevo gobierno y con todo el capital político de inicio de sexenio. Paralelamente, la iglesia católica mexicana estaba envuelta en escándalos de pederastia y encubrimiento de la pederastia y el histórico opositor provida Serrano Limón, también estaba con la reputación por los suelos por el escándalo de compra de tangas.

Publicada la reforma, dos instancias gubernamentales federales promovieron acciones de inconstitucionalidad: la CNDH a cargo de José Luis Soberanes, quien atendió más a sus convicciones personales que a los fines de la Institución, y la PGR cuyo titular era Eduardo Medina Mora. Hubo que defender desde la Consejería Jurídica con asesorías especializadas.

Quienes promovieron las acciones necesitaban 8 votos para echar para atrás la reforma y no los consiguieron, más bien, el Gobierno de la Ciudad tuvo 8 votos y, con ello, la reforma no sólo fue validada, sino que generó un precedente muy importante.

Los hospitales comenzaron a recibir a las mujeres que requerían el servicio y las estadísticas mostraron, desde el inicio, que la medida benefició a quienes viven en el oriente de la Ciudad de México porque los hospitales de Iztapalapa son los que han mantenido los más altos índices de atención. Asimismo, durante todos estos años, la cuarta parte de las mujeres atendidas provenían del vecino Estado de México.

La política pública fue eficaz desde el primer momento. Rompió muchos mitos. Las adolescentes no han sido las principales usuarias. El 46% de quienes han accedido a la ILE (Interrupción legal del embarazo) tenían entre 18 y 24 años. En su gran mayoría son mujeres católicas y el 61% tienen estudios de preparatoria o universitarios.

En casi un 80 % la interrupción del embarazo se realiza con medicamentos y en las primeras semanas de gestación.

Después del logro en la Ciudad de México, las condiciones fueron adversas en la mayoría de las entidades federativas. Oaxaca encontró vientos a favor en 2019. Vinieron luego Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California y Sinaloa. Fue muy importante la histórica decisión del año pasado por la que la Corte determinó, independientemente de los cambios legislativos, que son inconstitucionales todos los Códigos Penales que criminalicen el aborto y que ninguna mujer puede estar en la cárcel por este delito.

La elección de la maternidad debe ser libre. El Estado debe mantener las políticas de educación sexual para evitar los embarazos no deseados y, en última instancia, la mujer debe ser quien decida si continúa o no con el proceso.

Así se resume: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, libertad para elegir y aborto legal para no morir.