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Por Lourdes Encinas

Hace unos días, una serie de ataques contra hospitales de Culiacán dejó cinco personas muertas y cuatro heridas, entre ellas un menor de edad. No fue sólo un acto de violencia, fue la manifestación de un Estado que ha perdido el control territorial y la capacidad de proteger a sus ciudadanos, incluso en los espacios más sagrados.

Desde septiembre de 2024, más de 1,500 personas han perdido la vida en territorio sinaloense debido a la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, las facciones del cártel de Sinaloa. Estas cifras, que superan las bajas de otros conflictos armados internacionales, deberían haber activado todos los protocolos de emergencia nacional. 

Sin embargo, México continúa funcionando como si nada ocurriera, como si un estado entero no estuviera sumido en un baño de sangre, que ha convertido hasta hospitales en campos de batalla. 

La normalización de esta tragedia es quizás el aspecto más perturbador. Mientras en Culiacán la ciudadanía recibe instrucciones de circular con las luces interiores encendidas y los vidrios abajo, como en una zona de guerra declarada, el resto del país sigue su rutina cotidiana. 

La ausencia del Estado mexicano en Sinaloa es tan evidente como dolorosa. Si bien, desde que Omar García Harfuch asumió la Secretaría de Seguridad se perciben acciones más estructuradas, sigue faltando una estrategia coherente y sostenida para restaurar la tranquilidad en esa ciudad. 

En cambio, el gobierno federal ha optado por construir un relato de mejora sustentado en cifras convenientes, como la supuesta reducción del 20.5% en homicidios durante los primeros meses de la administración actual. Pero esos números suenan huecos frente a la realidad cotidiana de un estado donde la gente vive con miedo.

Resulta particularmente insultante que desde la presidencia se respalde a un gobernador cuya incapacidad para controlar la situación es evidente. Mantener a Rubén Rocha Moya al frente del estado no solo perpetúa la crisis, sino que envía el devastador mensaje de que la vida de los sinaloenses vale menos que las lealtades políticas.

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