Por Lourdes Encinas Moreno
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Soy parte de la generación democrática de México. Nací y crecí en la última etapa del dominio priista y fui testigo, en tiempo real, de su desmoronamiento. Vi también el ascenso de los partidos de oposición y el anhelado cambio en el poder en el año 2000.

Atravesaba mi primera juventud, todavía llena de idealismo y de una esperanza casi ingenua ante el nuevo horizonte que se abría para el país.

Desde el periodismo y el activismo siempre me involucré en los asuntos públicos. Participé, colaboré y traté de aportar a mejorar mi comunidad. Para mí era impensable no votar; mucho menos anular el voto. No comprendía el razonamiento de acudir a las urnas simplemente a desperdiciarlo, un acto que entonces consideraba el mínimo ejercicio de participación ciudadana… hasta que un día fui una de esas personas.

En una elección intermedia, al revisar las opciones en la boleta para la diputación federal, tuve claro que ninguna de ellas merecía mi voto. No estaba dispuesta a contribuir a que llegaran al Congreso a desempeñar un papel lamentable, como ocurrió. Fue la primera vez que anulé mi voto. No fue ni será la última: lo asumo como una forma válida de protesta individual que, si no tiene impacto externo, al menos le sirve a mi conciencia.

En la última década pasé de formar parte de una generación entusiasta a una profundamente desencantada con la democracia, en particular con la democracia representativa. Escuché demasiadas promesas incumplidas; vi demasiados perfiles “prometedores” consumirse en los mismos vicios políticos que decían combatir; viví gobiernos de todas las corrientes ideológicas. Y no encontré diferencias sustanciales. ¿Cómo iba a haberlas, si son los mismos perfiles transitando de un partido a otro?

Aun así, seguí acudiendo a las urnas en cada elección. Probé todas las variantes del sufragio: voto por partido, por personas, por proyectos; voto diferenciado, voto de castigo, voto útil (que resultó bien inútil). Hasta que entendí que, en realidad, estaba votando por resignación. Sin expectativas, sin energía para exigir, sin convicción. Y de eso no se trata la democracia.

En la última elección general, mi disyuntiva ya no fue por quién votar, sino si hacerlo o no. Al final, seguí la lógica atribuida a Churchill: la democracia puede ser el peor sistema, con excepción de todos los demás. Voté porque aún lo considero el acto mínimo de ciudadanía al que me aferro, quizá más por terquedad que por esperanza.

Sin embargo, comprendo bien a quienes no votan o anulan su voto. Comparto, incluso, parte de su razonamiento. No se trata de indiferencia ni de apatía, tampoco de desinterés por el país. Es un profundo desencanto con el estado de las cosas; el hartazgo frente a una clase política cada vez más alejada de la sociedad, que no escucha ni resuelve; la intolerancia frente a tanta simulación.

A esto se le conoce como síndrome de fatiga democrática: un fenómeno en el que confluyen el abstencionismo, la volatilidad del voto, la disminución de la militancia partidista, la incapacidad de gobernar, el protagonismo excesivo, las campañas permanentes y la repetición constante de procesos electorales.

En su libro Contra las elecciones, David Van Reybrouck analiza este desgaste y señala cuatro grandes dimensiones del problema: los actores políticos, la idea misma de democracia, la democracia representativa y, particularmente, su expresión electoral. Coincido con el diagnóstico (no con la solución que ofrece). Una parte central de esta crisis de legitimidad proviene de haber reducido la democracia a la mera celebración de elecciones: los políticos sienten que cumplen al organizarlas y la ciudadanía al votar.

La baja participación electoral, la desconfianza en las instituciones y una sociedad cada vez más desconectada de sus representantes son signos claros del agotamiento del actual sistema de representación, que concibe la democracia como un acto episódico y no como una práctica cotidiana.

México, en sintonía con un contexto internacional similar, padece fatiga democrática no porque la población haya dejado de creer en la democracia, sino porque el sistema electoral se ha vuelto costoso, polarizante y limitado. Reduce a la ciudadanía a consumidora de promesas cada tres o seis años y dejó de ser un vehículo eficaz para canalizar sus demandas.

Por eso, cualquier reforma electoral que ignore el estado de ánimo del votante y no abra vías reales hacia una democracia participativa, sin simulaciones, será apenas un paliativo incapaz de curar la enfermedad. No basta con ajustar las reglas del juego, hay que recuperar la confianza en que el juego vale la pena. 

No tengo una solución. No sé cómo se recupera la confianza en un sistema que lleva décadas defraudando. Pero sí sé que el desencanto le conviene tanto a la clase política que critico como a quienes dejamos de intentar. A ellos porque les facilita el camino; a nosotros porque nos exime de seguir exigiendo.

La democracia que aún vale la pena defender no cabe en la resignación, exige pensamiento crítico, participación constante y una conversación pública real. Y mientras eso no ocurra, el desencanto seguirá siendo menos una falla ciudadana que un síntoma del sistema.


Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.


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