Respira
Por María del Carmen Alanís
Hace unos días, la presidenta de la República anunció la creación de una Comisión para promover una nueva reforma electoral. El momento no puede ser más delicado. Venimos de una elección judicial profundamente cuestionada, con una participación bajísima, una cifra récord de votos nulos, y una preocupante sensación de retroceso democrático. La desconfianza ciudadana en las instituciones se ha intensificado, y el riesgo es que una reforma electoral mal diseñada, impuesta o apresurada, termine debilitando aún más nuestra democracia.
Por eso, un grupo de ex consejeras y ex consejeros, ex magistradas y magistrados electorales —personas que hemos dedicado nuestras vidas a construir y fortalecer el sistema electoral mexicano— decidimos alzar la voz con un llamado respetuoso, pero firme: la reforma electoral debe ser producto del diálogo y del consenso.
Las reformas electorales más importantes en las últimas décadas han sido resultado de acuerdos amplios entre las fuerzas políticas, las autoridades, la academia y la sociedad civil. No han sido decisiones unilaterales del poder. Por el contrario, han sido conquistas graduales que nos permitieron pasar de elecciones cuestionadas y controladas por el gobierno, a procesos confiables y transparentes que han dado lugar a la alternancia y a la pluralidad.
Reformar las reglas del juego democrático exige más que una mayoría legislativa. Requiere escuchar todas las voces, incluso aquellas que no representan la mayoría numérica, pero que sí encarnan principios democráticos fundamentales. Porque la democracia no es solo el gobierno de la mayoría: es también la protección de los derechos de las minorías y la garantía de un piso parejo para la competencia política.
Este comunicado no es una simple expresión de preocupación. Es un posicionamiento político, técnico y ético ante un momento decisivo para el futuro de la democracia mexicana.
Cuando se trata de una reforma que modifica los postulados constitucionales y transforma el modelo electoral del país, no basta con la legitimidad que da la mayoría en el Congreso. Si aspiramos a ser una democracia participativa e incluyente, no podemos reducir la deliberación a un ejercicio simbólico ni a una simple consulta popular. Es indispensable incluir a todas las fuerzas políticas que integran uno de los Poderes del Estado: el Poder Legislativo.
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