Respira
Por María del Carmen Alanis
La salida forzada de un régimen autoritario no equivale, por sí sola, a la construcción del Estado de derecho.
América Latina defendió durante décadas el principio de no intervención como respuesta a su propia historia. El caso de Venezuela lo ha roto con un hecho político irreversible: la salida forzada de un liderazgo que concentró el poder, anuló la competencia electoral y vació de contenido al Estado constitucional.Días después de la salida forzada de Nicolás Maduro y de su esposa, el debate ya no es si ocurrió o no una intervención. Ocurrió. La pregunta incómoda es otra: ¿qué hacemos ahora con ese precedente?
Porque lo sucedido en Venezuela no encaja en las categorías clásicas del derecho internacional ni de la política comparada. No fue una invasión en sentido tradicional, pero tampoco una operación judicial ordinaria. Fue una acción excepcional, justificada en la persecución de delitos transnacionales graves y en la imposibilidad absoluta de que el propio Estado venezolano juzgara a su liderazgo. Un acto que tensiona el orden jurídico internacional, pero que también interpela a una comunidad internacional que durante años optó por la inercia.
Durante años, la crisis venezolana fue ampliamente documentada y denunciada. No hubo desconocimiento ni ambigüedad sobre la erosión institucional, la captura de los poderes públicos o la ausencia de elecciones auténticamente competitivas. Lo que hubo fue algo distinto y más grave: una incapacidad sostenida de los organismos internacionales para traducir ese diagnóstico en acciones eficaces, más allá de comunicados, misiones técnicas y sanciones fragmentadas. El problema no fue la falta de evidencia, sino la falta de consecuencias.La salida de Maduro no representa solo el colapso de un liderazgo autoritario; representa también el fracaso acumulado de un sistema de contención internacional que, aun reconociendo el problema, fue incapaz de resolverlo dentro de los cauces ordinarios del derecho.
Aquí aparece una de las tensiones más delicadas del orden internacional contemporáneo. Cuando un Estado deja de cumplir de manera sistemática con su obligación básica de proteger a su población y de garantizar un mínimo de legalidad democrática, la soberanía deja de ser un escudo y se convierte en un problema. Esta idea, incómoda pero cada vez más presente, ha sido discutida en foros internacionales durante años, aunque casi nunca llevada a sus últimas consecuencias. Venezuela parece haber sido ese punto de quiebre.Sin embargo, conviene decirlo con claridad: que un régimen autoritario caiga no significa que la democracia haya llegado. La democracia no entra en helicóptero ni se instala por decreto. Se construye con reglas claras, con instituciones creíbles y, sobre todo, con soberanía ciudadana. El riesgo inmediato es sustituir un autoritarismo cerrado por una transición tutelada que carezca de legitimidad interna suficiente.
El dilema es profundo y no admite respuestas simples. Defender la soberanía estatal a ultranza puede equivaler, en los hechos, a blindar a gobiernos que han secuestrado al propio Estado y vaciado de contenido los derechos de su población. Pero aceptar sin reservas acciones unilaterales bajo el argumento de “restaurar la democracia” abre una puerta peligrosa para la región. Hoy fue Venezuela. Mañana, ¿quién decide cuándo un gobierno ha dejado de ser tolerable y bajo qué criterios?
América Latina enfrenta así un espejo incómodo. Durante años exigió elecciones libres, respeto a los derechos humanos, rendición de cuentas y límites al poder. Cuando todo eso fue sistemáticamente negado, las herramientas tradicionales fracasaron: la diplomacia, las sanciones y los llamados al diálogo se agotaron sin producir una transición real. Lo que vemos ahora es el triunfo de la excepcionalidad sobre la norma. Y eso nunca es una buena noticia para el constitucionalismo ni para la estabilidad regional.
El verdadero juicio no será únicamente el que enfrenten Maduro y su esposa ante tribunales extranjeros. El juicio decisivo será el de la historia: si Venezuela logra reconstruir un orden democrático propio, con elecciones auténticas y reglas aceptadas por su ciudadanía, o si este episodio se convierte en un precedente que normalice la suspensión del derecho en nombre de causas supuestamente superiores.
La reconstrucción democrática será lenta y compleja. Exigirá algo que no puede imponerse desde fuera: confianza social, pluralismo político y garantías reales para que el poder vuelva a pertenecer a la ciudadanía. Sin eso, cualquier transición corre el riesgo de ser frágil, reversible o meramente cosmética.
Hoy más que nunca, la región debe ser clara consigo misma. No basta con sacar a un autócrata. La democracia exige mucho más que su ausencia. Exige instituciones, controles, elecciones libres y una ciudadanía capaz de ejercer plenamente su soberanía. Todo lo demás, incluida la intervención, solo será un paréntesis. Nunca una solución.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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