Respira
Por María del Carmen Alanis
Todo indica que México está ante una inminente reforma político-electoral. No sería la primera vez que el tema se coloca en el centro del debate público en este sexenio. Ya se intentó en dos ocasiones durante el gobierno anterior (los cuestionados Plan A y Plan B de AMLO), ambos detenidos por su contenido inconstitucional y antidemocrático. Hoy, el tema regresa con una iniciativa anunciada por la Presidenta de la República, quien ha reiterado que en los próximos días será enviada al Congreso de la Unión.
Para su elaboración, la Presidenta creó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Desde su integración, el mecanismo despertó legítimas preocupaciones: fue conformada exclusivamente por representantes del gobierno, sin participación de los partidos políticos, ni de voces plurales de la academia o de la sociedad civil organizada. Las llamadas “mesas de consulta” distaron de ser un ejercicio auténtico de deliberación pública: tiempos ínfimos para las intervenciones, formatos rígidos y un ambiente más cercano a una evaluación que a un diálogo democrático. Las conclusiones no se han hecho públicas. Hoy se afirma que la iniciativa está lista, pero nadie la conoce. Se anuncia una y otra vez su envío al Congreso, sin que ello ocurra.
Este modo de construir una reforma en una materia tan sensible no es un detalle menor. En democracia, no solo importan los contenidos de una reforma; resulta también fundamental el método con el que se construye. La historia democrática de México lo demuestra con claridad: cada avance relevante en materia político-electoral ha sido producto del diálogo, del consenso y de la inclusión de todas las fuerzas políticas, la academia, la sociedad civil y los medios. Nunca de imposición. Nunca en secreto.
Es en este contexto que surge el Frente Amplio Democrático (FAD). No como una reacción partidista ni como una oposición coyuntural al gobierno en turno, sino como una respuesta ciudadana frente a un proceso de reforma político-electoral que, tal como se ha conducido hasta ahora, carece de los mínimos democráticos que históricamente han dado legitimidad a las reglas del juego electoral en México.
La preocupación no es abstracta ni retórica. A la opacidad del proceso se suma la difusión pública de algunos temas que se pretende incluir en la reforma y que resultan profundamente preocupantes: la posible desaparición o debilitamiento de la representación proporcional, el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral, la “disminución” de los organismos públicos locales electorales, el control del padrón electoral, entre otros planteamientos que, de confirmarse, implicarían un retroceso democrático histórico en pluralismo, equilibrios constitucionales y garantías de elecciones libres y auténticas.
No se trata de prejuzgar una iniciativa inexistente, sino de advertir, con responsabilidad democrática, que una reforma de esta naturaleza, sin consenso ni deliberación pública, no puede ser legítima.
El Frente Amplio Democrático no nace contra una persona ni contra un partido. Nace contra una práctica: la de cerrar el diálogo en una de las materias más sensibles para la vida pública nacional. Desde la reforma política de 1977 hasta la de 2014, las transformaciones electorales relevantes se construyeron con la participación de todas las fuerzas políticas y de amplios sectores de la sociedad.
Gracias a ese método democrático, México logró alternancia, instituciones autónomas, representación efectiva y legitimidad electoral. Pretender romper con esa tradición no es innovación: es regresión.
Que desde el poder se minimice o se descalifique la existencia del Frente no cambia el fondo del debate. Hemos sido respetuosos y lo seguiremos siendo. Precisamente porque creemos en la democracia constitucional, defendemos el debate abierto, informado y plural. Exigiremos que se convoque a un Parlamento Abierto, mediante una comisión plural y bicameral, para discutir todas las propuestas de reforma, incluida la del Ejecutivo, de cara a la ciudadanía.
Estaremos atentos a las iniciativas que se presenten, preparados para participar de manera seria y responsable en la deliberación pública y, en su caso, en la discusión y aprobación en el Congreso. El Frente Amplio Democrático surge desde la responsabilidad cívica de quienes sabemos que la democracia no se protege con silencios ni con reformas anunciadas pero desconocidas, sino con diálogo abierto, deliberación pública y respeto al pluralismo.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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