Por Marcelina Bautista
En 1983, durante el II Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe realizado en Perú, se llevó a cabo un taller que abordó preguntas cruciales: ¿cómo el trabajo doméstico condiciona la vida de las mujeres y limita su participación pública?, ¿cómo se refleja el rol doméstico en el trabajo fuera del hogar?
Como una de sus conclusiones, se declaró el 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo Doméstico, invitando a que ese día las mujeres responsables de estas labores se abstuvieran de realizarlas. Sin embargo, más allá del gesto, no hubo acciones concretas. Esperamos que el debate sobre el sistema de cuidados logre transformar una realidad marcada por la injusticia, la desigualdad y la invisibilidad hacia una sociedad donde el cuidado sea un derecho garantizado, una responsabilidad compartida y un trabajo digno.
En este contexto, quiero centrarme en las múltiples formas de violencia que enfrentan las personas trabajadoras del hogar en América Latina, a propósito del encuentro presencial de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), que se celebró los días 17, 18 y 19 de julio, con participación de México y otros 17 países. El eje: reflexionar sobre la violencia estructural y cultural que viven las trabajadoras de la región.
Esta violencia es una de las expresiones más crudas y normalizadas de desigualdad. No se limita al maltrato individual, sino que se encarna en la falta de reconocimiento legal, social y económico del trabajo remunerado del hogar. Es la consecuencia directa de estructuras históricas que reproducen la discriminación por clase, género, raza y etnicidad.
Desde su origen, el trabajo del hogar ha sido visto como una labor femenina, informal, asociada al cuidado “natural” que se espera de mujeres, especialmente de origen indígena, afrodescendiente o rural. Esta mirada legitima su exclusión de los derechos laborales, condenando a millones a la precariedad. A pesar de los avances normativos —como la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT— muchas siguen sin contratos, con salarios bajos, jornadas extenuantes y sin seguridad social.
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