Respira
Por María Emilia Molina de la Puente*
Las democracias no suelen caer por asalto: se quiebran cuando dejan de cuidarse. Cuando, poco a poco, las reglas que limitaban al poder se presentan como obstáculos, y las instituciones que garantizaban la competencia se vuelven “costosas”, “incómodas” o “prescindibles”. En ese punto, la fragilidad democrática deja de ser una advertencia teórica y se convierte en una condición real.
La reforma electoral que hoy se anuncia en México no puede entenderse como un ajuste técnico ni como una discusión menor sobre eficiencia administrativa. Toca el núcleo mismo del régimen democrático: quién compite, en qué condiciones, quién arbitra, cómo se cuentan los votos y qué garantías existen para que la voluntad ciudadana no sea administrada desde arriba. En un país que viene de una cadena acelerada de reformas constitucionales, esta propuesta se siente como la última puñalada: no porque mate de inmediato a la democracia, sino porque apunta justo al órgano que le permite defenderse.
Conviene decirlo claramente: la democracia no muere de un solo golpe. Muere por desgaste. Se debilita reforma tras reforma, hasta que un día despertamos en un sistema donde hay elecciones, pero ya no hay competencia justa; hay boletas, pero no hay garantías; hay campañas, pero no hay árbitro independiente; hay paridad escrita, pero no igualdad vivida.
Uno de los ejes del discurso oficial es el “ahorro”. Se insiste en que el sistema electoral es caro, excesivo, sobredimensionado. En un país cansado de abusos y corrupción, el argumento parece razonable. Pero toda reforma electoral que empieza y termina en el ahorro merece sospecha. Porque el costo de la democracia no es un lujo: es el precio de la confianza pública. Recortar no es un acto neutro. Implica decidir qué se debilita y a quién afecta ese debilitamiento.
En democracias desiguales, los recortes casi nunca golpean a quienes ya concentran poder. Golpean a las capacidades de vigilancia, a la fiscalización del dinero, a la infraestructura territorial que permite votar sin obstáculos, a los mecanismos que previenen y sancionan la violencia política. Desde una mirada feminista, la pregunta es inevitable: ¿qué se pierde primero cuando se “simplifica” la democracia? Casi siempre, lo que protegía a quienes ya estaban en desventaja.
Las mujeres no competimos en un terreno neutral. Llegamos a la arena electoral enfrentando violencias normalizadas, redes de poder cerradas, financiamientos opacos y castigos informales por incomodar. Por eso necesitamos reglas claras, árbitros fuertes y controles efectivos. Recortar en democracia no es solo ajustar números: es inclinar la cancha.
Algo similar ocurre con los discursos que atacan la representación proporcional bajo la idea de que “todo debe elegirse directamente”. Dependiendo del diseño, ese argumento puede convertirse en un mecanismo elegante para sobrepremiar a las mayorías y reducir la pluralidad real. La representación proporcional no es un privilegio; es una garantía democrática para que las minorías políticas e ideológicas tengan voz. Debilitarla no acerca el poder a la ciudadanía: acerca el poder a sí mismo.
La historia reciente lo demuestra. Las mujeres no llegamos a los espacios de decisión por concesión graciosa del sistema. Llegamos empujando reformas, litigando derechos, denunciando fraudes, resistiendo violencias. La paridad no es una foto ni un porcentaje: es la posibilidad de que mujeres con autonomía política puedan competir y decidir sin ser expulsadas del juego. Si una reforma electoral reduce la pluralidad, aunque lo haga con lenguaje democrático, lo que se pierde no es un tecnicismo. Se pierde la democracia como espacio de disputa.
También se ha dicho que la autonomía del árbitro electoral se mantendrá. Pero en materia institucional, las declaraciones no bastan. La autonomía no vive solo en el discurso, sino en los presupuestos, en las atribuciones, en los procedimientos de nombramiento y en la capacidad real de sanción. Un árbitro deja de ser independiente cuando se le quitan dientes, cuando se le quitan recursos, cuando se le fragmentan responsabilidades o cuando se le imponen cargas imposibles que erosionan su legitimidad.
Los procesos de captura institucional rara vez son abruptos. Sin embargo, en México la captura ha sido construida en los últimos años de una forma completamente voraz y total. Aún así, se sigue completando la destrucción “por capas”, mediante reformas en distintos ámbitos e instituciones; a través de discursos que parecerían razonables si no fuera porque es una estrategia seguida, paso por paso, por todos los regímenes totalitarios. Por eso los efectos de estas reformas no son neutrales.Cuando el árbitro se debilita, las primeras en perder protección son las candidaturas más vulnerables: mujeres sin redes de poder, mujeres en territorios capturados, mujeres que ya enfrentan violencia por el simple hecho de participar. Mujeres que no encuentran instituciones a las cuales acudir para proteger siquiera formalmente -mucho menos de manera real- sus derechos.
México ha tenido que reconocer que la violencia política contra las mujeres no es un accidente, sino un método de exclusión. Se usa para callar, disciplinar y expulsar. Por eso, cualquier reforma electoral que no coloque este problema en el centro es, en los hechos, regresiva. La pregunta clave no es si habrá más o menos reglas, sino si aumenta o disminuye la capacidad del Estado para garantizar que las mujeres podamos ser representadas, pero también, competir, ganar y gobernar sin violencia, sin fraude y sin dinero ilegal. Si la respuesta es que disminuye, no estamos ante una modernización. Estamos ante una regresión democrática con impacto de género.
Frente a estas críticas suele aparecer un argumento tranquilizador: no pasa nada, ya estuvimos ahí, podemos volver. Ese argumento es falso y peligrosamente engañoso. No se trata de volver al pasado, porque en el pasado no estábamos retrocediendo: estábamos avanzando. Durante décadas, con errores, crisis y conflictos, México fue construyendo instituciones electorales, ampliando garantías, aprendiendo de fraudes y de elecciones disputadas. Cada reforma relevante partía de una lógica clara: más autonomía, más controles, más pluralidad, más confianza. No era un camino perfecto, pero era un camino evolutivo.
Hoy ocurre lo contrario. No estamos corrigiendo fallas para fortalecer el sistema. Estamos desmontando piezas clave de un entramado institucional que costó décadas construir. Y eso cambia por completo la naturaleza del debate. Porque destruir es siempre más fácil que construir. Pero reconstruir, limpiar los escombros, será mucho más difícil.
Quien ha trabajado en instituciones lo sabe. Levantar reglas, prácticas, legitimidad social y confianza pública toma años. A veces generaciones. Tirarlas puede tomar una legislatura y una narrativa eficaz.
Desde una mirada feminista, esto es todavía más grave. Los derechos políticos de las mujeres no aparecieron por inercia. Son producto de una evolución institucional consciente, empujada desde abajo, defendida en tribunales independientes donde las herramientas para juzgar con perspectiva de género respondían al ideal de justicia y no a un partido dominante en el poder; fue sostenida frente a resistencias abiertas y veladas.
Cuando hoy se debilitan esas estructuras bajo el argumento de la simplificación o del ahorro, no se está modernizando la democracia: se le están quitando los andamios que la sostenían.
Y aquí está el punto central. Una democracia sin instituciones fuertes no vuelve al pasado; cae en algo peor. Porque el pasado, con todas sus limitaciones, estaba en proceso de transformación. El presente que se nos propone es uno donde el poder se vuelve cada vez más difícil de disputar y cada vez más fácil de administrar desde arriba.
Casi ningún proyecto autoritario se presenta como autoritario. Se presenta como eficiencia, como orden, como voluntad popular, como modernización. El problema no es el nombre, sino el resultado. Si el sistema electoral se ajusta para que la alternancia sea improbable, la oposición decorativa y la pluralidad un estorbo, entonces esta reforma será efectivamente la última puñalada. No porque cierre formalmente la democracia, sino porque la deja sin capacidad de defensa.
La democracia no es solo votar. Es poder perder el poder. Es aceptar límites. Es convivir con la disidencia. Es garantizar que quienes hoy gobiernan puedan ser reemplazados mañana sin violencia ni simulación.
Advertir sobre esta reforma no es nostalgia ni resistencia irracional al cambio. Es memoria democrática. Es entender que lo que hoy se destruye no se recupera fácilmente mañana. Las democracias no se heredan intactas: se cuidan, se fortalecen o se pierden. Y cuando se pierden, quienes pagan el precio más alto son siempre quienes estaban empezando a entrar, no quienes ya estaban adentro.
Por eso esta discusión importa. Porque no estamos ante una reforma más. Estamos ante la posibilidad de cerrar, por la vía legal, el espacio donde todavía era posible corregir el poder. Y porque, cuando la democracia se convierte en un trámite administrado desde arriba, deja de ser un derecho y se vuelve una concesión. Ninguna concesión es compatible con la igualdad, la libertad ni la dignidad de las mujeres.
*Magistrada de Circuito en retiro.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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