Por Mariana Campos
En un país con altos niveles de violencia letal, el diseño inadecuado de los programas de seguridad se traduce en desprotección a la ciudadanía.
El debate sobre seguridad pública en México suele concentrarse en estrategias operativas, despliegues federales o reacomodos institucionales. Sin embargo, hay un factor estructural que continúa evadiéndose en la discusión pública: el financiamiento sostenible de la seguridad. Esto resulta particularmente crítico en el ámbito municipal, donde en la práctica se juega la primera —y más decisiva— línea de contención del delito.
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