Respira
Por Melissa Moreno Cabrera
Cada 27 de enero se recuerda el Holocausto como una de las conmemoraciones que forman parte del calendario global: actos oficiales, discursos solemnes, llamados a no olvidar. La consigna es conocida y socialmente aceptada, pero al volverse algo tan predecible, la memoria ha ido perdiendo su sentido político.
El Holocausto se recuerda, pero muchas veces como un episodio desconectado del presente. Se le presenta como una excepción histórica irrepetible y no como el resultado extremo de procesos políticos concretos: la normalización del odio, la deshumanización sistemática y la legitimación institucional de la exclusión. Cuando la memoria se vuelve ceremonial, deja de ser incómoda; y cuando ya no incomoda, empezamos a convivir con las mismas lógicas sin notarlo. Recordar sin incomodar es olvidar.
En los actos conmemorativos se habla del horror, pero casi nunca de las condiciones políticas y sociales que lo hicieron posible. Se honra a las víctimas, pero se evita reconocer que hoy siguen circulando discursos que señalan a ciertos grupos como amenaza y políticas que los tratan como un problema que hay que contener, vigilar o expulsar. Miramos el pasado con respeto, pero hablamos del presente con palabras suaves para que no duela. Repetimos “nunca más” como una frase bonita, no como una alerta para lo que está pasando hoy; se oye correcto, pero no nos obliga a cuestionarnos nada.
Y es que las violencias no faltan: el genocidio en Palestina, los conflictos en Sudán, Irán y el Congo, la crisis climática, la especulación inmobiliaria y el auge de la ultraderecha forman parte de un presente atravesado por violencias estructurales. Sin embargo, la disposición pública para confrontar estas realidades sigue siendo débil, fragmentada o condicionada por intereses políticos y geopolíticos. Se reconocen los hechos, pero se evita asumirlos como problemas que exigen posicionamientos claros y responsabilidades concretas, porque saber no es lo mismo que hacerse cargo.
En ese contexto, ciertos discursos han optado por minimizar el foco de atención, y las crisis estructurales se explican a través de culpables convenientes: inmigrantes, feministas, personas trans; siempre las minorías. El malestar se canaliza hacia los márgenes mientras se normalizan narrativas que idealizan pasados autoritarios bajo la promesa de “orden”, “estabilidad” o “seguridad”.
Ese desplazamiento también se traduce en políticas concretas. En Estados Unidos, por ejemplo, las detenciones y deportaciones de ICE se han endurecido y se justifican con el lenguaje de la ley y la seguridad nacional. Las redadas, las detenciones prolongadas y la separación de familias forman parte de un sistema que trata a ciertas personas como sospechosas permanentes por su origen o situación migratoria. No se trata de una equivalencia histórica, pero sí de una lógica reconocible: la ley como herramienta para marcar, vigilar y excluir.
Esa misma arquitectura legal ya había sostenido antes un sistema de exclusión. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, las leyes de Jim Crow en Estados Unidos impusieron la segregación racial y trataron a las personas negras como ciudadanas de segunda, todo bajo un marco jurídico que parecía normal y legítimo. Cuando la exclusión se convierte en un procedimiento administrativo, deja de parecer violencia y empieza a verse como un trámite; y cuando la violencia parece un trámite, la conciencia descansa.
La memoria histórica no es solo un tema moral; también es una disputa por el sentido del pasado. Implica decidir qué recuerdos se vuelven oficiales y cuáles siguen siendo incómodos. La memoria del Holocausto se protege —y con razón— como una referencia moral global, pero esa misma protección ha hecho que muchas veces se la deje fuera de las conversaciones cotidianas, como si su lección ya estuviera aprendida. Como si el mal siempre viniera con uniforme antiguo y no con traje, firma digital y lenguaje administrativo.
La guerra en Sudán, por ejemplo, lleva meses dejando miles de muertos y millones de personas desplazadas, pero rara vez ocupa un lugar central en la conversación pública global. En medios y espacios políticos, la atención es intermitente y las responsabilidades se diluyen con facilidad. Al compararlo con la forma en que se recuerda el Holocausto, se nota que la atención moral y política no se reparte por igual. Como ha dicho Roxane Gay, la empatía pública no funciona de manera justa: hay vidas que provocan duelo inmediato y otras que apenas generan incomodidad.
A este proceso también se le ha llamado memoricidio: no la destrucción física de vidas, sino la erosión deliberada de sus huellas, relatos y significados. Juan Goytisolo utilizó el término para describir cómo el poder no solo ocupa territorios, sino también el pasado, borrando memorias incómodas y preservando únicamente aquellas que resultan funcionales. El memoricidio no siempre ocurre a través de la censura directa. Muchas veces funciona de otras formas: repitiendo tanto las cosas que pierden sentido, volviéndolas superficiales o reduciéndolas a rituales sin profundidad. Cuando todo se recuerda de manera automática, sin conflicto ni consecuencias, también se está olvidando.
Recordar el Holocausto de forma política no significa compararlo sin cuidado con otros conflictos ni restarle su carácter único. Significa entender que no fue un hecho inexplicable, sino el resultado de decisiones políticas, sociales y burocráticas que parecían normales en su momento. También implica reconocer que las dinámicas que lo hicieron posible no han desaparecido; solo han cambiado de forma, de lenguaje y de a quiénes afectan.
Enero se acaba y las ceremonias se cumplen. Las flores se colocan. Los discursos se pronuncian. Las conciencias se tranquilizan.
Pero en otra parte, lejos del mármol y las velas, una madre vuelve a contar los días desde que su hijo fue llevado a un centro de detención migratoria. No hay cámaras. No hay ceremonia. Solo luces blancas que nunca se apagan y un número en lugar de nombre.
El problema no es que olvidemos el pasado, sino que ya aprendimos a convivir con las mismas lógicas sin llamarlas por su nombre.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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