Respira
Por Michelle Lucero*
• Más de 313 mil adolescentes en México viven en matrimonio o unión temprana; 76% son mujeres(INEGI, 2020). Aunque la ley los prohíbe, persisten historias interrumpidas: estudios que se abandonan, embarazos tempranos y proyectos de vida truncos. Erradicar estas uniones es un deber impostergable del Estado y la sociedad.
En el registro civil, una adolescente sostiene un folder contra el pecho. Está a punto de decir “Sí, acepto”, pero su mirada refleja incertidumbre, miedo y resignación. Esa firma rara vez es libertad; casi siempre representa una renuncia a los sueños y al camino que de niña imaginó.
Antes de pronunciarlo, quisiera susurrarle que hay tiempo para todo, incluso para experimentar el amor. Que esa “elección” muchas veces no es libre, sino consecuencia de la falta de información, pobreza, embarazos no planeados o violencia. Y también asumo el preguntarme: ¿no deberíamos, como Estado y sociedad, haber hecho más para prevenirlo?
¿A dónde se van los sueños?
Cuando una adolescente se casa, su tiempo cambia de rumbo. La jornada se llena de responsabilidades domésticas o de cuidado, incluso de un recién nacido. Algunas abandonan la escuela, cortando de raíz la posibilidad de concluir la secundaria o el bachillerato y, con ello, acceder a un futuro distinto. A esto se suman riesgos en la salud, pues las uniones tempranas suelen derivar en embarazos con más complicaciones, mayor riesgo de muerte materna o neonatal y atención médica limitada.
Las cifras de lo que no debería suceder
En México 313,497 adolescentes de entre 12 y 17 años estaban casados o en unión libre en 2020, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Son 67 mil menos que en 2015, una reducción de 18%, pero aún son demasiadas vidas condicionadas. Nueve de cada diez tenían entre 15 y 17 años, y tres de cada cuatro eran mujeres.
La práctica tiene un rostro territorial: Estado de México, Chiapas, Veracruz y Puebla concentran casi un tercio de los casos. Aunque los matrimonios formales han disminuido, lo que desaparece del acta suele reaparecer en uniones informales que afectan de la misma manera.
¿Y qué podemos hacer hoy?
• Cero excepciones en la ley. Que congresos locales y registros civiles cierren cualquier vacío legal. En Sonora, por ejemplo, el Código de Familia prohíbe el matrimonio antes de los 18, pero la Ley del Registro Civil aún permite casarse a los 16 y 17 con consentimiento. En septiembre se presentó una iniciativa para cerrar esa puerta. Aprobarla no sería un gesto simbólico: es un acto de coherencia y protección de derechos.
• Prevención con perspectiva de género. Atender las desigualdades que enfrentan las adolescentes implica asegurar su permanencia en la escuela, garantizar educación sexual integral y ofrecer servicios de salud accesibles y sensibles a sus necesidades.
• Detección y transparencia. Medición periódica y pública de matrimonios y uniones informales para dimensionar el problema y diseñar soluciones, junto con protocolos en escuelas y centros de salud para identificar riesgos y acompañar a quienes enfrentan presión para unirse.
• Hablar y escuchar sin tabúes. Nombrar la unión temprana como lo que es: una práctica nociva que limita derechos, no una “costumbre” aceptable; escuchar qué sueñan y necesitan las y los adolescentes, para que el silencio no los empuje a unirse; y desmitificar la idea de que “la vida se arregla casándose”, cuando en realidad se construye con educación y un proyecto propio.
Antes de los 18, el matrimonio no es amor. Es una decisión que compromete educación, salud y futuro. El país que queremos se mide en una línea tan simple como urgente: las y los menores de edad no deben casarse; deben tener derecho a soñar y vivir cada etapa a su tiempo.
*Michelle Lucero dirige la Fundación Nueva Generación Sonora y se especializa en políticas públicas, seguridad pública y derechos de la infancia.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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