Respira
Por Nelly Segura*
Hace casi una década, el Estado mexicano reconoció de forma explícita el tamaño del desafío que representaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuando, en agosto de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que condujera a la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, El Gallero o El Señor de los Gallos. El propio documento oficial, firmado por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, buscaba incentivar la colaboración ciudadana en su localización y detención por los delitos de delincuencia organizada, entre otros, en un intento por quebrar la estructura de una organización que ya operaba con fuerza en Jalisco y Michoacán.
Ese gesto coincidió con un contexto político y de seguridad convulsionado: México salía de la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y las autoridades buscaban visibilizar éxitos tangibles frente a una sociedad hastiada de violencia y fractura estatal. Ofrecer una recompensa pública, en ese momento, era una señal de que el aparato de justicia intentaría desarticular al CJNG mediante incentivos legales y presión institucional coordinada con socios internacionales.
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