Rectores por defensa de la autonomía, pero ¿quién compró tantas tortillas y totopos?
Las universidades en las entidades siguen siendo espacio de control político oportunista de intereses político-electorales y presupuestales que cada día encuentra motor para fortalecer grupos de poder regional al estilo de los feudos medievales.
Por Nurit Martínez
¿Cuántos kilos de tortilla se pueden comprar con más de 45 millones de pesos? La pregunta no es ociosa si al mismo tiempo los rectores de las universidades públicas del país unifican su voz para acusar intereses políticos detrás de esa demanda a la Universidad Autónoma de Sinaloa de rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
Las 30 marchas sincronizadas en 20 municipios de Sinaloa a la que sumaron a más de 105 mil personas hace dos semanas para defender al ahora ex rector destituido por un juez, Jesús Madueña Molina, fue el foco rojo entre los rectores del país para sumar voces y demandar respeto a la autonomía universitaria.
Pero lo que ocurre en esa institución solo es una muestra de que la opacidad de las universidades públicas sigue siendo una tarea pendiente, sin lugar a duda. Pero también que los gobernadores, instalados como pequeños virreyes regionales, buscan el control económico de miles de millones de pesos y, sobre todo, extender su presencia política entre esas comunidades académicas y estudiantiles susceptibles de movilización electoral.
En estos últimos años, como una muestra, así ha ocurrido en las universidades públicas de Durango, Chihuahua e Hidalgo. En otro momento exploraremos otros tipos de control político de los grupos universitarios que se han arraigado en las instituciones por décadas, creando verdaderos feudos del manejo presupuestal estatal y federal, pero por ahora, revisaremos qué ocurre en las instituciones que bajo el acoso de los gobernadores, en alternancia, recurren a añejas prácticas de acoso para destituir rectores y colocar a sus cercanos.
En el caso de la UAS es real que existen dudas sobre el ejercicio de 45 millones 546 mil 180 pesos que, tres proveedores, intentaron cobrar en mil 501 facturas. Algunas de ellas por compra de tortillas de maíz, totopos, tortillas de harina y otros productos como pollo. Solo que la adquisición era a tiendas de abarrotes que no expenden estos productos o en sedes fantasma.
Si bien son ocho casas del estudiante las que dependen del presupuesto institucional, las facturas de 2020 a 2022 tenían cobros de hasta 60 pesos por kilo de tortillas en tiempos de pandemia, cuando se suspendieron las clases en el país.
Este fue el inicio de la investigación del gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, él mismo denunció el hecho en mayo. De ahí fue que la Auditoría Superior del Estado inició las denuncias y la investigación, luego se sumó la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. Pero ello corría por el camino de investigar el destino de los recursos públicos hasta que en la lista de los señalados aparecieron dos de los adversarios políticos del gobernador, los ex rectores de la UAS: Héctor Melesio Cuen y Juan Eulogio Guerra Liera.
El primero ha sido candidato a la gubernatura en varias ocasiones y Guerra Liera, se sabe, brindó apoyos políticos en contra de Rocha Moya rumbo a la elección en la que resultó gobernador.
Otro hecho es que ambos ex rectores emprendieron en sus gestiones reformas que acabaron con concesiones en prestaciones a trabajadores de la UAS que el mismo Rocha Moya otorgó, primero como secretario general de la institución y luego rector entre 1989 y 1997, entre ellas la jubilación a los 25 años de trabajo con la posibilidad de obtener una segunda plaza. En su idea de “universidades democráticas” sustentada en su tesis de maestría, Rocha Moya estableció que los aspirantes a rector podrían hacer campañas durante más de tres meses con las mejores bandas musicales de la entidad, en las que se podía incluir que a los alumnos de bachillerato y licenciatura se les ofreciera cerveza, dinero y espectáculos con mujeres. Eso colocó a la universidad, al finalizar los 90, en una crisis financiera de la que no ha salido.
Si alguien sabe de movilización estudiantil y de trabajadores es Rocha Moya. Él es egresado de la Normal de Oaxaca (1968), secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es decir, lideró las 29 organizaciones de normalistas en el país en aquella época de los 70. Al finalizar la siguiente década, ya en la UAS como académico y dirigente político buscó la gubernatura. En 1998, con el apoyo del dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador, buscó por segunda vez la gubernatura sin lograrlo.
La llegada de Rocha Moya a la gubernatura hace que quiera recuperar el liderazgo de su grupo al interior de la UAS y para ello usa una de las herramientas que mejor le ha funcionado al lopezobradorismo: las denuncias de corrupción.
A la compra millonaria de tortillas también se agregó que el rector rechazó auditar otros 2 mil 545 millones de pesos que entregó el gobierno Federal en 2022 a la UAS, bajo el argumento de que la auditoría local no tiene facultades sobre esos recursos.
En total se sumaron nueve denuncias en contra del rector por parte de la Auditoría y la determinación del juez de control fue vincular a proceso al rector Jesús Madueña (el 15 de septiembre) por el delito de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público se sumó (el 17 de octubre) la petición de medidas cautelares que le impiden salir del país.
Ese escenario lo aprovechó la administración de Rocha Moya y la Fiscalía General de Sinaloa solicitó retirar el cargo de rector a Madueña por los delitos descritos en la causa 918/2023. En esa misma se destituyó al comité de adquisiciones y se señala en la investigación a los dos ex rectores de la UAS.
Hoy los 211 rectores del país, agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior defienden la postura del ex rector Madueña sobre la intervención del gobierno local en la autonomía institucional, que significa la autodeterminación en el ejercicio de los recursos públicos. Con ello rendir cuentas a quien proporciona el recurso. Si el presupuesto lo otorgó el gobierno federal rendirán cuentas a la Federación, ante la Cámara de Diputados.
Esta práctica de acoso político no es exclusiva de la izquierda, en Chihuahua lo vivió hace un año en la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la llegada de la actual gobernadora Maru Campos.
El ahora ex rector Luis Alberto Fierro Ramírez fue acusado de no resolver el problema de pago de pensiones a los trabajadores y de incrementar el adeudo institucional al pasar en su gestión de 128 millones a mil 158 millones en cinco años. En su defensa el rector aseguró que la cancelación de fondos extraordinarios en la Secretaría de Educación Pública para enfrentar esa crisis les había impactado de esa forma.
Con un año pendiente de gestión el rector presentó su renuncia, luego de la filtración en medios locales de que en el último año había comprado una casa con valor de 4.3 millones de pesos, que su salario con bonos y compensaciones excedían los 285 mil pesos, que comprometió a la universidad en una licitación para arrendar un sistema de alumbrado por ocho años y la venta del patrimonio de la universidad para pagar la deuda de pensiones.
Al frente de la institución fue designado el secretario general Jesús Villalobos, mientras se realizaba el proceso de sucesión ante el Consejo Universitario. La intervención de la gobernadora fue clara cuando el ex director de la Facultad de Derecho prácticamente se presentó como candidato único: Luis Alfonso Rivera Campos, primo hermano de la gobernadora.
Tras la designación, profesores e investigadores la cuestionaron ante juzgados y sumaron 24 amparos en contra, hasta el que Juzgado Segundo de distrito del Poder Judicial Federal concedió y descartó el conflicto de interés del nuevo rector, por lo que desde el 15 de octubre de 2022 Rivera Campos es rector de la UACH y acompaña a su prima Maru Campos en la gubernatura.
Las universidades en las entidades siguen siendo espacio de control político oportunista de intereses político-electorales y presupuestales que cada día encuentra motor para fortalecer grupos de poder regional al estilo de los feudos medievales. Por lo pronto, la pregunta sigue en el aire ¿qué tipo de reunión requiere que se compren más de un millón 730 kilos de tortillas?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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