Por qué Margarito no debe ser una estadística más

De acuerdo con Artículo 19, en México desde que tomó posesión de la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 25 periodistas, y en todos los casos el móvil está relacionado con su labor. Según la estadística de la Secretaría de Gobernación, en el mismo lapso a 51 periodistas les ha sido arrebatada la vida.

El lunes 17 de enero de 2022 el nombre de Margarito Martínez Esquivel se imprimió en esa ignominiosa lista. Lo mataron afuera de su casa, cuando se encontraba en su vehículo. Le dieron por lo menos dos disparos en cabeza y cuello. Como suele suceder, nadie sabe quién fue. El asesino cometió el crimen y huyó.

Siete días antes, en Veracruz fue asesinado el periodista José Luis Gamboa. Su cuerpo fue hallado con marcas de heridas provocadas por un arma punzocortante. Seis días le llevó a la autoridad veracruzana conocer la identidad de Gamboa.

Una gran cantidad de organizaciones de protección y defensa de los periodistas, nacionales e internacionales, han catalogado a México, en los últimos años, como uno de los países donde mayor riesgo corren las personas que se dedican al periodismo, lo mismo el Comité para la Protección de los Periodistas que la UNESCO, Reporteros Sin Fronteras o Artículo 19, por mencionar algunas.

No es una novedad, tampoco, el mal del gobierno de Morena que encabeza el presidente López Obrador, pero lo que sí es una norma es el abandono sistemático en que se encuentran las investigaciones sobre los homicidios dolosos en México, incluidos los de periodistas. El Comité para la protección de periodistas (CPJ) ha determinado en sus informes sobre la justicia en los casos de periodistas asesinados en la República Mexicana que el nivel de impunidad supera 98%.

Margarito Martínez Esquivel, de 49 años, originario de Tijuana, era una buena persona, un buen ciudadano, excelente padre y complaciente esposo. Su familia, María Elena su esposa y Johana su hija, lo era todo para él. De hecho, era común que las dos mujeres de su núcleo le acompañaran frecuentemente.

Fotoperiodista especializado en el género policiaco, era de los primeros en llegar a la escena del crimen, porque una de sus herramientas de trabajo era traer encendida la frecuencia de los rescatistas de la Cruz Roja. Por eso todos en Baja California le pedíamos fotografías, video. Con todos colaboraba. Con ZETA tenía años de relación laboral y era normal verlo en las oficinas, así como también a su hija y a su esposa.

Margarito enfrentó los intentos de censura por parte de policías o investigadores que, para impedirle realizar su labor, le echaban los faros para malograrle las imágenes. A veces querían alejarlo incluso más allá de la zona delimitada como del crimen, pero él, de manera valiente, tomaba sus imágenes para los medios impresos y digitales de Baja California.

Doña Eglantina Esquivel, periodista de la vieja guardia, de la vida en la reporteada y el impreso, es la madre de Margarito. Le sobrevive en medio del terrible dolor por el asesinato de su hijo.

De manera inicial elementos de la Policía Municipal de Tijuana, los primeros en llegar a la escena del crimen, adelantaron que el asesinato podría tratarse de un pleito entre vecinos por un predio en disputa, línea de investigación que, aun cuando no la descartan, en la Fiscalía General del Estado no coinciden con la misma. Tanto el fiscal general como el titular de la unidad de homicidios dolosos se apersonaron al lugar de la tragedia. La investigación apenas inicia.

Lo exigible es que el asesinato de Margarito no quede impune. Ya es demasiada violencia, demasiada inseguridad en este país, para sumar al fotoperiodista a la estadística de la impunidad y la injusticia. Ningún crimen debería quedar no resuelto.

Tijuana, una de las ciudades más violentas de México, acumuló en el 2021 mil 984 asesinatos; en 17 días de enero de 2022 se han contabilizado 73 homicidios dolosos. El país supera las 100 mil ejecuciones en lo que va del gobierno del presidente López Obrador.

México vive una de sus peores crisis de inseguridad y de violencia, y un momento difícil con un gobierno de la República que ni acciona ni opera ni contiene este fenómeno fatal. No se debe normalizar la violencia, no se debe pensar que el asesinato del fotoperiodista quedará en la impunidad ni creer hipótesis espontáneas, sino exigir una investigación científica, que ponga a un responsable tras las rejas.

El periodismo y las sociedades bajacaliforniana y mexicana perdieron el 17 de enero de 2022 a un fotoperiodista que ya no nos revelará más imágenes de una ciudad tan violenta, que consumió también su vida. Perdemos todos.

@adelanavarro

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