Los piratas de la construcción saquean el tesoro del Caribe

Para donde uno ponga la mirada, una vez llegando a Tulum en Quintana Roo, la postal es la misma: cemento, grúas, albañiles en un trajín de hormigas que van y vienen con bultos a cuestas, cascos y chalecos naranja fosforescente suspendidos a lo alto de obras de concreto y acero, camiones cargados de grava avanzando tortuosamente sobre la Avenida Cobá y el repicar de martillos y chillar de sierras tras lonas negras y bardas de palitos sobre la carretera Tulum-Boca-Paila que consiste en más de siete kilómetros de hotelitos, tiendas, restaurantes y estacionamientos con vistas al mar.

Las panorámicas se han convertido en grises cemento por encima de los verdeazules del Caribe.

Porque Tulum, el “Mejor destino sustentable del mundo”, a decir de Fitur (Feria Internacional de Turismo) en 2019, está devastando su máximo valor: el mangle. Y las autoridades locales y federales parecen fingir ceguera ante una realidad del tamaño de los inmuebles que nacen como hongos en la selva y en la franja de playa en la que está prohibido construir so pena de cárcel si se afecta el mangle.

El espeleólogo Alejandro Álvarez, quien conoce las cuevas subterráneas de Tulum como ningún otro y contribuyó al hallazgo en 2014 de Naia, el esqueleto de la niña maya que cayó en un cenote, es contundente:

“Si esto sigue a tal ritmo vamos a perder esta gran belleza, vamos a perder la gallina de los huevos de oro porque nos estamos comiendo los huevos de la gallina y matando a la gallina”. El vertiginoso ritmo de crecimiento inmobiliario en Tulum lleva al menos una década. La población creció en 63% en ese periodo, llegó mano de obra de Chiapas y de Tabasco para cubrir la desbordada demanda de albañiles, y simultáneamente, y a misma escala, se desató el descontrol. “Las autoridades han terminado terriblemente (el gobierno local panista que entregó oficinas hace apenas dos semanas), porque mostraron que con dinero en Tulum se hace lo que se quiere”, acusa Manuel Fernando Aznar Pavón, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum.

“Lo que construyas en Tulum se vende, y ese no es el problema, sino la falta de leyes, la falta de instrumentos legales para normar esto”, abunda.

Es difícil creer que no vieron u oyeron las construcciones en la franja de playa donde se restringen los permisos. Basta levantar un dron y observar. El verde tupido de la selva se rompe con caminos que brotaron sin permiso para mover maquinaria pesada. Hay un hotel de cabañas cuyo dueño, dicen los locales, es el exdiputado verde, valga la mentada de madre, Jorge Kahwagi.

En papel, leyes hay. Dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico la franja de mar, playa, selva (la más cotizada y deseada) debe apegarse a construir tres cabañas por hectárea como máximo. Un sobrevuelo sobre esa zona que corresponde a la carretera Tulum-Boca-Paila, y en la que a escasos 50 metros de profundidad corre paralelamente una barrera de mangle, permite ver talas y construcciones.

“En específico, el tema del manglar es muy preocupante para nosotros”, subraya Carla Acevedo, de Tulum Sostenible, una organización de la sociedad civil que ha interpuesto demandas en contra de la vorágine que devora a ritmo de vértigo la riqueza de este imán, para bien y para mal, turístico.

La Profepa hace unas semanas reconoció en un encuentro con autoridades locales entrantes (de Morena) que bajo su vigilancia, o falta de ella, para ser precisos, se llevaron a cabo más de 200 construcciones sin permiso; ilegales, pues.

De 489 puntos que revisó el organismo de protección ambiental del país los primeros meses de este año, la mitad, 232, según reconocieron, no tenían autorización. ¿Nadie vio 232 obras? Pues no.

Hace un par de semanas, entré (sin permiso),  junto con un equipo de camarógrafos  para ver lo que ocurría en una construcción sobre la zona de playa que apenas se ocultaba tras un muro de palitos de madera que no escondían en realidad nada. Sin dificultad empujé la valla y como puerta de entrada avisté una pequeña construcción de tres por tres que, a decir del albañil proveniente de Chiapas, sería una boutique.

Unos metros más adelante y justo sobre el manto del mangle observé una construcción de mucho mayor escala en plena obra negra. Grandes vigas de acero y más de una docena de albañiles la rodeaban. Quise avanzar hacia la imponente estructura metálica, pero un supervisor se me acercó inmediatamente y me pidió retirarme:

–¿Para qué están grabando? –interrogó.

–Para ver qué están construyendo. ¿Esto no es manglar? –revire.

–Es privado, lo siento.

–Pero es manglar –insisto.

–Sí, pero, o sea, es privado, y estamos respetando –remató mientras me encaminaba a la salida.

A decir de Efraín Narváez, el abogado ambiental que apoya a Tulum Sostenible, esta permisividad se da porque ni la autoridad local ni la federal asumen su responsabilidad. “Todos se echan la bolita; la autoridad local culpa a la federal y la federal dice que el gobierno municipal es omiso, pero ninguno de los dos actúa. Si actuaran esto no estaría sucediendo”, dice. El daño, que hoy se mide en inversiones o incluso dádivas debajo de la mesa, en unos años será inconmensurable. Uno, porque “el manglar es una barrera protectora para los huracanes”, según resalta Carla Acevedo, directora de la organización civil del medio ambiente, y, dos, porque el mensaje de impunidad deriva en ilegalidad en todos los ámbitos. Y, ojo, en una hojeada a la prensa de Tulum durante los últimos tres meses se destacan las ejecuciones en zonas turísticas, el narcomenudeo y el ataque en Ciudad de México contra uno de los restauranteros de la zona de playa más exitosos.

Las imágenes de dron dan dimensión del daño propinado a Tulum en tan sólo un año, a pesar de la pandemia.

Hay construcciones, naves tipo industrial, maquinaria rellenando el mangle, estacionamientos, restaurantes, bodegas, un antro para 800 personas en medio de la selva, que fue clausurado, pero cuyo daño ya es irreversible.

“No pueden dar permiso; sin embargo, cierran los ojos”, lamenta Manuel Fernando Aznar, que fue funcionario y dirigió el fideicomiso Tulum Pueblo Mágico. Cierran los ojos o carecen de ojos para ver. El abogado Narváez explica que uno de los obstáculos para hacer cumplir la ley es la falta de personal en Profepa: “No está actuando como debiera de ser porque no tiene personal para hacer vigilancia, creo que tiene dos o tres verificadores para todo el estado, eso es insuficiente”. La bióloga Miriam Xec menciona que “todo Tulum tendría que tener una zona de manglar, pero ya no lo ves. Las playas se van perdiendo y es una consecuencia lógica”.

¿Está Tulum a tiempo para revertir o parar el daño? La mayoría cree que sí. Hay un nuevo gobierno y una nueva oportunidad. ¿Querrán mantener los ojos cerrados o le darán una oportunidad al mejor destino turístico de México a ojos del mundo?

Porque la historia ha mostrado, con Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo o Acapulco en Guerrero, que hasta los mejores destinos del mundo acaban mal cuando los rige la impunidad.

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