Los riesgos que vive la transparencia

Se corre el riesgo de convertir una controversia constitucional en una herramienta que generará efectos contrarios sobre los derechos conquistados por la sociedad.

Los riesgos que vive la transparencia
Julieta Del Rio Venegas

Por Julieta del Río Venegas*

El pasado 12 de mayo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió un asunto que va encaminado a resolver diferencias entre órganos de gobierno por medio de lo que se denomina como controversia constitucional, la cual fue interpuesta por la Fiscalía General de la República en contra de una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) del que yo soy comisionada.

Todo empezó cuando una persona pidió información sobre el personal de la fiscalía  (Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), pero ésta se negó a entregar los datos solicitados, alegando que dicha información era reservada, ya que atentaba contra la seguridad pública “pues entorpecía los procesos de investigación”.

Tras esa respuesta, en el INAI resolvimos el 28 de agosto de 2019 que la Fiscalía General de la República no podía tener esa postura y justificación, por lo que debía entregar los nombres y cargos del personal administrativo de diversas áreas de la FGR; y además de que debía emitir una respuesta en la cual se dieran de manera clara las razones por las que era información clasificada si solo se trataba de nombres y puestos.

Pero la fiscalía demandó la invalidez de la resolución por la que votamos y fue así que el asunto escaló a la Corte.

El resultado es que el pasado 12 de mayo la Corte votó a favor del recurso interpuesto por la FGR en contra de una resolución del INAI que le ordenaba entregar información a un ciudadano que previamente la solicitó a través de la Ley de Transparencia.

Esto preocupa por los precedentes que se generan, pues a partir de este momento existirá la posibilidad de que autoridades en materia de seguridad pública y justicia decidan reservarse el compartir información semejante a la luz de dicha resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compartimos lo expresado por los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara respecto al alcance de la resolución y la calidad de la información solicitada, pues se corre el riesgo de convertir la controversia constitucional en una herramienta que generará efectos contrarios sobre los derechos conquistados por la sociedad y algunas instituciones del Estado, es decir, que otras autoridades pretendan evadir las resoluciones inatacables del Inai.

También es de destacar lo expuesto por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, en virtud de que de este antecedente puede derivarse “un retraso indebido de las resoluciones del órgano garante del derecho de acceso a la información”, con lo cual se abre una puerta “para que todos los sujetos obligados con legitimación para promover controversias constitucionales (…) impugnen por esta vía las resoluciones del Inai”.

Aparte de esta resolución, el pasado  lunes 16 de mayo el pleno de la Suprema Corte se volvió a pronunciar sobre otras dos resoluciones del Inai, esta vez respecto a la clasificación, como información reservada y confidencial, con relación a la compra de vacunas para prevenir el Covid-19, es decir, le dio la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sobre cerrar la información por tratarse “de seguridad nacional”.

En aras de la consolidación de un Estado democrático de derecho y desde nuestra trinchera como un órgano autónomo, especializado en garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y en respeto irrestricto a las instituciones nos sujetamos a lo resuelto por el máximo tribunal de la nación.

La labor del INAI siempre será en pro de la defensa y conquista de derechos fundamentales. Por eso  es importante decir, y lo recalco, que el compromiso que tengo como Comisionada y el todos los que conformamos  el INAI es asumir la defensa del derecho al acceso a la información como un instrumento a través del cual la sociedad puede tener a las instituciones en una “caja de cristal” en la cual se transparenta su quehacer público.

La información pública  es un bien de todas y todos.

@julietdelrio

*Julieta del Río Venegas es comisionada del INAI; fue la primera mujer en presidir el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información, titular del Órgano Interno de Control de la SFP,  y contralora del estado de Zacatecas


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