Genocidas entre nosotros

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer recientemente los resultados de la Operación Limelight, un trabajo internacional de inteligencia que permitió identificar a individuos solicitantes de condición de refugiado que ocultaban un pasado relacionado con crímenes de guerra. Entre los detenidos está Mardoqueo Ortiz, quien mintió en su solicitud de naturalización ante autoridades migratorias de Estados Unidos y negó haber pertenecido al ejército responsable de la histórica masacre de 200 civiles desarmados, en el paraje de Dos Erres, Guatemala.

La Oficina de Investigación sobre Violaciones a Derechos Humanos y Crímenes de Guerra –un ente oficial del gobierno estadounidense con colaboración de personal del Departamento de Estado, Defensa, ICE y DEA–, documentó el caso de Friedrich Karl Berger, guardia armado de las S.S. en el campo de concentración de Neuengamme, donde murieron 43 mil personas. Berger se estableció por décadas en un pequeño pueblo de Tennessee como encargado de máquinas de trabajo de campo. Este 2021, a los 95 años, fue identificado y enviado a Alemania a enfrentar juicio.

Entre 2003 y 2021, el Servicio de Inmigración y Aduanas ha arrestado a más de 460 individuos acusados de violación a derechos humanos en 95 países: Colombia, El Salvador, Liberia, Perú, la ex Yugoslavia, Ruanda. Beatriz Munyenyezi, una popular líder social en Kigali, llegó a Estados Unidos bajo la figura del refugio político. Los investigadores viajaron nueve veces al país antes de poner en duda su testimonio. Munyenyezi, hoy con 50 años, fue encontrada responsable de participar como operadora de decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales contra la población tutsi de Ruanda.

“La impunidad por tortura fue prevalente entre las fuerzas de seguridad de México”, es una de las conclusiones del Reporte 2020 del Departamento de Estado sobre prácticas en derechos humanos de México. Detalla que para enero de 2019 se habían contabilizado 4 mil 296 investigaciones relacionadas con tortura.

El informe señala casos específicos de policías, militares y otros oficiales del gobierno mexicano involucrados en desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y detenciones en centros de reclusión en condiciones que amenazan la vida.

Mientras leía sendas misivas atlánticas sobre quién ha sido el más sanguinario de nuestra herencia histórica, recordé que hace algunos años, como reportera de asuntos urbanos en la Ciudad de México, me tocó entrevistar varias veces a un funcionario de medio rango: Ricardo Miguel Cavallo, encargado entonces del proyecto del Registro Nacional de Vehículos. Un técnico.

Un día, las ocho columnas del diario Reforma nos despertaron con una revelación: ese hombre peinado de lado, anticuado, afable, gris, era nada menos que Sérpico, teniente de navío y parte de los comandos operativos del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada Argentina en tiempos de la dictadura. La ESMA.

Por semanas abría los ojos en la noche. ¿Cómo es que no pudimos leerlo, sospecharlo?

Cavallo, con otros 68 oficiales, era responsable de operar los llamados “vuelos de la muerte”: opositores políticos y estudiantes maniatados, obligados a subir a aeronaves y arrojados al mar. Mientras se paseaba en México, Cavallo era olfateado y requerido por el equipo de Baltazar Garzón en España. Cavallo fue sentenciado a cadena perpetua por “imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad y  tormentos seguidos de muerte”, entre otros delitos.

“El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”, señaló el Ejecutivo federal en noviembre de 2019, hablando de Huerta. Pero sí lo es. En días recientes, la Conferencia Episcopal advirtió a las autoridades de México que el abandono de las garantías a las poblaciones migrantes en movimiento los tiene en riesgo de otra tragedia. “No queremos que se repitan más San Fernandos o más Cadereytas, no queremos ver más muertes ni dolor. No queremos un país donde las autoridades municipales, estatales y federales sean cómplices de la delincuencia organizada”, reza la misiva firmada por el obispo de Ciudad Juárez.

Por eso, en una ruta reciente Piedras Negras-Acuña-Monterrey, cuando a la grabadora le cayeron como piedras testimonios de horrores indecibles: persecuciones, engaños, encierros que retan la asfixia; me he propuesto que, esta vez, no lleguemos tarde. Que seamos como el exiliado que reconoció a Cavallo en televisión mexicana: no permitir que restregarnos la brutalidad del pasado nos deje hoy sin explicaciones.

La burocracia y sus discursos son grandes impunes.

La lesa humanidad es un tema del presente. Y es un tema mexicano.

Cosa de buscar qué pasa después con las historias de los migrantes “rescatados” por la autoridad.

Menudo pinche término.

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