Apr 18 • 5M

La doble vara de la justicia

A Claudia Sánchez Mayorga no le han dado la oportunidad de defenderse en los más de ocho años que lleva privada de su libertad.

Lourdes Mendoza
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Lourdes Mendoza

Mientras unos, como Emilio Lozoya, negocian su libertad a pesar de ser delincuentes confesos, otras personas llevan años presas, sin sentencia y con una infinidad de faltas al debido proceso.

Un ejemplo de este segundo caso es el de Claudia Sánchez Mayorga, chivo expiatorio del Solid Gold. Ella lleva ocho años y seis meses presa, aunque ha demostrado su inocencia… ¡Ah!, también ha evidenciado tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades de justicia.

Es la única acusada por el caso que en agosto de 2013 destapó la trata de personas y el sexoservicio en un establecimiento que operaba con giro de restaurante en la CDMX, ¡la única encarcelada! Ojo, además era empleada administrativa, no la dueña del lugar.

Les adelanté que el destino de Claudia sería fijado por una secretaria de acuerdos, debido a que la juez responsable del caso no se presentaría a la audiencia.

¿Qué les cuento? El lunes pasado se llevó a cabo la audiencia de vista. Duró cuatro horas y fue en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente.

Primero, la representación social fue distinta a la que presentó las conclusiones; luego, los asesores jurídicos solicitaron la condena y pagar la reparación del daño a las supuestas víctimas.

Claudia pidió a la secretaria en funciones de jueza, Lorena Marisol Aranda Millán, que estudiara el delito que le imputan, pues no le han dado la oportunidad de defenderse en más de ocho años que lleva privada de su libertad, ya que el Juzgado Sexto de Distrito siempre ha tratado su causa penal como si ella perteneciera a la delincuencia organizada, delito que, por cierto, se configura sólo con la participación de tres o más personas…, ¿y las demás?

Pidió también que revisara sus recibos de honorarios asimilables a salarios y el contrato de prestación de servicios profesionales que firmó con la empresa Diversión Garantizada, S.A. de C.V., ya que las conclusiones acusatorias del MP dicen que Claudia tuvo un depósito de 900 mil pesos en efectivo, pero omitieron decir que ese dinero se dio en varias exhibiciones y en diferentes periodos y que fueron producto de su trabajo como empleada administrativa.

Ojo, el MP pretendió hacer creer a la juez que los recibos y el contrato NO tienen validez porque se presentaron copias y no originales, aunque los originales están en autos entregados al juzgado.

Acto seguido, Claudia dijo que los jueces no son garantes de seguridad pública, sino de la justicia, que no son policía y por ende tienen que resolver con base en la acusación. Si no hay fundamento y existe el beneficio de la duda, la juez tendría que absolverla.

Aranda Millán dijo que era la última audiencia y que resolvería en los próximos ¡30 días hábiles!

Claudia resume todo su proceso como una “porquería”, ¿y cómo no decirlo?, si desde el día en que la detuvieron la denostaron y ella, ¡estaba embarazada!

Todo comenzó con un cateo ilegal en su casa que duró ocho horas y media. Agentes del MP, entonces adscritos a la SEIDO, la sacaron desnuda de su casa. Ella tenía cinco meses de embarazo y la torturaron en custodia. Tras su parto en el Centro Quirúrgico San Rafael, en Nayarit, perdió la matriz; incluso, el Instituto Nacional de Perinatología dictaminó que la atención que le brindaron fue inadecuada.

En la cárcel, Claudia estudió derecho y eso le ha servido para darse cuenta de todos los vicios en su procedimiento legal.

Así que mientras unos aceptan que recibieron millones en sus cuentas y buscan seguir su proceso en libertad para comer pato en el Hunan, otros se las ven negras para exigir justicia.

@lumendoz


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