Respira
Por Pamela Cerdeira
La criminalidad se cuela a través de pequeñas llagas casi invisibles, al menos al principio. Es tan natural que a primera vista es difícil distinguirla. Están cobrando por darnos seguridad, no es derecho de piso. Están procurando que el dinero se quede dentro de la comunidad, no es extorsión. Están peleando por sus negocios, no es lo correcto, pero no es ilegal, ¿lo es? Cuando el crimen arrebata y hasta emite facturas por ello, ¿cómo se le llama a lo que está haciendo?
“¿Cómo te va con la delincuencia?”, pregunté hace más de un año a un constructor de Valle de Bravo.
“Bien, pues como a todos. Te obligan a comprarles el material a su gente, están buscando que los recursos se queden con la gente ahí”, respondió como si eso no fuera tan malo. La conversación siguió avanzando y los detalles eran más escalofriantes: empezaron por controlar a los transportistas de materiales, luego solo ellos podían proveer los materiales, hasta llegar a meterse a las obras para revisar si no había algo que se hubiera utilizado que fuera de otro proveedor. Como inspector de alcaldía corrupta entraban armados a revisar facturas de todos los materiales que se habían utilizado para esa obra: una auditoría que ni el SAT con saña. Más te valía no salirte del acuerdo, unilateral por supuesto, no querrías que tus trabajadores, transportistas o alguien saliera lastimado. “¿Sabes?”, me dijo: “Se refieren a ellos como El Sindicato, no sé por qué”.
Meses después, el gobierno federal anunció un megaoperativo en el Estado de México en contra de la extorsión. En el marco de la “Operación Liberación” catearon 52 establecimientos y aseguraron animales de granja, cárnicos y materiales de construcción. También intervinieron oficinas sindicales, negocios de paquetería, minas, carnicerías e inmuebles donde se vendían alimentos para animales y forrajes vinculados al delito. El fiscal del Estado de México dijo que “esta iniciativa denominada Liberación fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas, al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y un esquema extorsivo”.
En agosto, los sectores campesino, ganadero, transportista y comercio, entre otros, de la Comarca Lagunera de Durango denunciaron la institucionalización del cobro de piso disfrazado de “cuotas sindicales”.
Las descripciones que me hicieron miembros de distintos sectores coinciden con lo sucedido en Valle de Bravo: empezaron por los transportistas, después con los ganaderos, el material de obra, todo sobre lo que pudieran poner sus manos encima. En algunos casos, las citas para negociar los pagos ocurrieron en la Vicefiscalía de Lerdo. Productores son obligados a entregar su mercancía a un intermediario identificado como miembro de la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), el sindicato dirigido por Pedro Haces, diputado por Morena.
Una característica fundamental del esquema de extorsión es la participación de elementos de las corporaciones y dependencias gubernamentales, lo cual dificulta la denuncia.
- Vicefiscalía como Centro de Negociación: en el caso del forraje, las primeras citas para negociar el monto de la extorsión se realizaron en la Vicefiscalía de Lerdo, Durango. Se ha señalado que la fiscalía, en algunos rubros, era la oficina a donde ir a entregar el dinero.
- Policía Estatal: ayudaba deteniendo los camiones para verificar si se había pagado la cuota, específicamente en el caso del ganado que iba al rastro.
- Secretaría de Transporte: detenía los camiones en el silo para verificar el pago de las cuotas del forraje.
- Vialidad (Tránsito): utilizaban a los elementos de vialidad para el procedimiento normal del alcoholímetro, pero el acuerdo para pagar la cuota y evitar el corralón se hacía con alguien ajeno a la corporación que obedecía a intereses de una organización.
En el caso de la obra Agua Saludable, a los transportistas materialistas se les pagaban $5,000 pesos por la renta de sus camiones. La organización (supuestos miembros del CATEM) cobraba a la constructora $7,500 pesos por el mismo servicio, embolsandose la diferencia. Una operación criminal con su propio esquema de factoraje, pues de los $5,000 pesos a los transportistas se les quitaba el 6% por “pronto pago” y se les pagaba en efectivo.
Los extorsionadores están armados (arma corta y arma larga) y han usado amenazas directas para exigir pagos e incluso han obligado a las víctimas a retirar demandas ya interpuestas.
Ante las denuncias, el gobierno federal llevó a cabo un operativo en Durango a inicios de septiembre: elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado y autoridades estatales catearon las oficinas de la CATEM en Durango. Los afectados aseguran que, para cuando las autoridades llegaron, las oficinas ya no tenían nada: les habían avisado.
Mientras tanto, Pedro Haces niega cualquier acusación y pide a las víctimas que denuncien y es arropado por sus compañeros de partido. La situación en Durango sigue exactamente igual. En el Estado de México y en Durango flota esta extraña coincidencia: la mención de “El Sindicato” y en ambos cateos a oficinas sindicales ¿Qué nos están dejando contar en las mañaneras?
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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