Por Pamela Sandoval

A estas alturas, es difícil no preguntárselo. ¿Tiene sentido estudiar Derecho en un país donde cada día parece confirmar que las leyes importan poco, que las instituciones funcionan a medias y que la justicia, cuando llega, suele hacerlo tarde y mal? ¿Por qué alguien —en pleno 2025— decidiría entrar a una facultad de Derecho en México? ¿Para qué sirve, realmente, prepararse en una profesión cuyo prestigio se erosiona al mismo ritmo que la confianza ciudadana en las instituciones?

No se trata de una crisis reciente ni pasajera. La caída de México en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project —al lugar 121 de 142 países evaluados— no es una estadística aislada, sino la confirmación de un proceso que lleva años gestándose, mientras desde todos los frentes se advierte que el sistema de justicia está rebasado, desbordado o, en el peor de los casos, comprometido.

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