Respira
Por Laura Pamela Sandoval*
170 Unidades de Medida y Actualización, unos 19 mil 942 pesos. De esa cantidad va a depender que una conducta relacionada con falsificación o piratería quede del lado administrativo o del penal, con penas que en algunos supuestos alcanzan los diez años de prisión. El dictamen que fija ese umbral está en la Cámara de Diputados desde el 21 de octubre, después de que el Senado lo aprobara el 30 de septiembre por 72 votos contra 34, y llegó como iniciativa del Ejecutivo para armonizar nuestra legislación con los compromisos del T-MEC.
El criterio que hasta hoy separaba ambos terrenos era el ánimo de lucro o la especulación comercial, lo que obligaba a indagar qué buscaba quien infringía. Sustituirlo por una cifra tiene una lógica procesal entendible, porque un número resiste mejor el litigio que una intención, y porque los acuerdos comerciales que México firmó hablan precisamente de escala comercial.
