La acompaño a la salida
Desde que el pasado diciembre se descubriera que la ministra Yasmín Esquivel Mossa había copiado la tesis con la cual se tituló como licenciada en Derecho, el escándalo no ha dejado de perseguirla.
Por Pamela Sandoval
Desde que el pasado diciembre se descubriera que la ministra Yasmín Esquivel Mossa había copiado la tesis con la cual se tituló como licenciada en Derecho, el escándalo no ha dejado de perseguirla. Este miércoles el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón resolvió que efectivamente se trata de lo que denominó como “copia sustancial”.
Plagio, se trata tal cual, de un plagio, que no sólo se encuentra tipificado como delito federal en nuestra legislación, si no que directamente la inhabilita para ejercer las funciones de ministra, que hasta el día de hoy ejerce ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La señora Esquivel no debería ser inmune a la sanción de nuestra ley. Así lo estimaron también, de forma colegiada y unánime, en un comunicado las tres más grandes y representativas asociaciones de juristas en México: la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM). Estas instituciones comunicaron a través del Consejo General de la Abogacía Mexicana que independientemente de las implicaciones jurídicas y de los procedimientos que se deban seguir, la permanencia de la ministra afecta gravemente el prestigio de la SCJN.
En lo personal, creo que queda claro que la ministra no debe continuar ejerciendo sus funciones ya que su nombramiento carece de las cualidades necesarias para ser considerado válido, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución en el inciso IV del artículo 95 que dice lo siguiente: “Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.”
La autoridad académica responsable de realizar el dictamen ya resolvió que existe plagio y ante esta situación ya poco se puede hacer. La opción viable resulta la de la propia renuncia de la ministra en los mismos términos que nuestra Carta Magna le ofrece.
En un par de ocasiones el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha tratado de minimizar la situación y ha señalado que la máxima casa de estudios no puede retirar un título, aunque se comprueben estas irregularidades. Es claro que no es un buen momento político tampoco para Rectoría. En este caso la papa caliente se turnará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) quien será la que determine finalmente la validez del certificado de Licenciada en Derecho de la ministra.
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