Por Rosanety Barrios
La semana pasada, el Comité de Ética del Fondo Global de Pensiones del gobierno noruego, (Norwegian Government Pension Fund), hizo público un documento a través del cual recomienda al Fondo vender la posición de bonos de Pemex.
Esta decisión del Comité se realizó luego de un estudio en materia de controles anticorrupción de la empresa petrolera mexicana. El comité se dedicó a analizar un periodo de 20 años, (2004 a 2023), revisó información emitida en medios, solicitó a Pemex aclaraciones, y luego de poner todos los elementos que tuvo a la vista juntos, concluyó que la gobernanza de Pemex no garantiza que existan mecanismos que alejen a la empresa de la corrupción.
Quiero ser muy enfática: este análisis fue realizado por el Comité de Ética. Es decir, se trata de una recomendación hecha con base en la capacidad de la gobernanza de fomentar los valores que sostienen al Fondo o bien de evitar los vicios en los que no debe incurrir, tal es el caso de la corrupción.
Solo para dimensionar lo serio que es el trabajo de este Comité, conviene saber que el Fondo noruego vale algo así como 1.8 trillones de dólares y que equivale a alrededor de 4 veces el PIB de Noruega. El gobierno noruego, a través del Ministerio de Finanzas (la Secretaría de Hacienda), es el encargado de nombrar a los miembros del Comité de Ética, quienes duran 4 años en su cargo y actúan con base en lineamientos que son públicos. Sus recomendaciones de exclusión (o venta de valores), se hacen con base en criterios de producción (como por ejemplo la producción de armas), o de conductas, dentro de las cuales están los actos de corrupción.
Como mencioné, el Comité hizo un análisis de los mecanismos anticorrupción de Pemex. Estudió sus estatutos, la forma en que está constituido el Consejo de Administración y los comités a cargo de los temas anticorrupción.
El Comité estuvo en contacto con Pemex para poder sustentar su recomendación (la cual, por cierto, puede pasar por un periodo de observación antes de llegar al punto de excluirla del fondo). El documento deja claro que las respuestas que recibió fueron insuficientes para evitar la recomendación de exclusión.
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