Respira
Por Sandra Romandía
¿Qué pasa cuando el apellido pesa más que la ley? Cuando las puertas del poder no solo se abren para ascender en la política, sino también para cerrar a una madre la posibilidad de ver a sus hijos. En México, donde el Estado de derecho suele doblarse ante intereses familiares, el caso de Brenda es un ejemplo brutal.
Brenda no perdió a sus hijos en un accidente, ni en una disputa civil ordinaria. Los perdió poco a poco, entre maniobras jurídicas, despliegues policiales, acusaciones fabricadas y la fuerza invisible —pero letal— de un apellido que lleva décadas instalado en la política de Tamaulipas: Villarreal.
Su exesposo, Américo Villarreal Santiago, no es un hombre cualquiera. Es hijo del gobernador de Tamaulipas y, por obra de la política de cuotas y lealtades, actual coordinador de los programas del Bienestar en Coahuila. Hace unos meses, emprendió un juicio para arrebatarle a Brenda la patria potestad y todo derecho sobre sus hijos, argumentando abandono y peligros inventados. El expediente es tan descarnado como la historia: doce años de asedio.
Del matrimonio a la persecución
Brenda se casó en 2011 con Américo Villarreal Santiago. Tuvieron dos hijos. Muy pronto, el matrimonio se fracturó. A pesar de que él presumía tener negocios desde los 18 años, la pensión que “a veces” entregaba era de 500 pesos por niño. La separación llegó en 2013 y con ella, un acuerdo judicial que le permitía a Brenda vivir con los menores en Monterrey.
Pero ese mismo año, Américo Jr. —con ayuda de su familia— sustrajo a los niños. No fue un arrebato pasional, fue una operación. Y cuando un juez otorgó a Brenda la custodia provisional, la familia Villarreal desplegó recursos políticos y policiales para impedir que recuperara a sus hijos. Hubo persecuciones en carretera, camionetas oficiales, la esposa del entonces subsecretario de Salud conduciendo en maniobras para bloquear un vehículo, y hasta un retén de la Policía Federal alertada de un “secuestro” inexistente.
Con el tiempo, las visitas de Brenda se redujeron a minutos en las salidas de clases de tenis o muay thai. Abrazos rápidos, besos fugaces. Y siempre, la sensación de vigilancia. Desde que el abuelo de los niños ganó la gubernatura, la presión escaló. La acusaron de narcotráfico tras colocarle un GPS en su camioneta; la detuvieron, incomunicaron y esposaron. El caso se desmoronó en tribunales, pero sirvió de antesala para lo siguiente: un juicio para quitarle todo derecho sobre los menores.
En su demanda, Villarreal Santiago instruyó al juez a “desaplicar” porciones de la ley que le eran desfavorables. El argumento central: Brenda pone en riesgo a los niños por haber sido acusada (y no condenada) de narcotráfico, y por el peligro de que sean atacados por un “bando contrario” del crimen organizado. La petición incluye que ella pague los costos legales. Y como si no bastara, ahora enfrenta otra demanda por enriquecimiento ilícito, aunque vive solo de la renta de una casa.
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