Por Sandra Romandía

En México los planes para Michoacán se renuevan con la misma frecuencia que las promesas de paz. Cambian los discursos, se multiplican los millones, se invocan los mismos verbos: “reconstruir”, “atender”, “escuchar”. Ayer, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Doce ejes, más de cien acciones y una inversión que—prometen—superará los 57 mil millones de pesos. El guion es ambicioso, el tono solemne, la urgencia evidente: un alcalde recién asesinado en Uruapan y un estado que vuelve a reclamar algo más que discursos.

Quienes tenemos memoria periodística recordamos que no es la primera vez que nos venden la llave maestra para abrir la puerta de la paz michoacana. En 2014, el gobierno de Peña Nieto anunció con reverberación publicitaria “Por Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr”: cinco ejes—economía familiar y empleos; educación y cultura; infraestructura y vivienda; salud y seguridad social; desarrollo social y sustentabilidad—y un decálogo de pasos que iban del “diagnóstico sectorial” al “mecanismo de evaluación de impacto”. Sonaba técnico, lucía integral. En los hechos, fue humo: empoderó a autodefensas, rompió con el estado y dejó al crimen organizado en control territorial. El propio recuento hemerográfico reciente lo califica sin rodeos: fracaso.

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