Por Sandra Romandía
El 10 de abril pasado ocurrió algo que, en este país, suele llegar tarde: la realidad alcanzó al discurso oficial. Colectivos de búsqueda fueron convocados por la Fiscalía General de la República al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, para conocer avances de una investigación que durante meses caminó con la parsimonia de quien no quiere mirar de frente. Ahí, de acuerdo con lo confirmado por la líder de Guerreros Buscadores, Indira Navarro, se informó que la FGR ha intervenido ya el 75.1% de la superficie del predio, con trabajos de prospección que alcanzan hasta 80 centímetros de profundidad, donde han sido localizados numerosos restos humanos: fragmentos óseos, piezas dentales, placas y evidencia que no había sido reportada previamente por autoridades estatales; además, se confirmó el hallazgo de una fosa séptica con restos humanos en su interior, un punto clave que reconfigura la dimensión del sitio y que coincide con testimonios previos de sobrevivientes. Navarro también reveló que estos avances ocurrieron tras el desaseo inicial de las investigaciones hace un año y que la Fiscalía de Jalisco no entregó a la federación información completa de sus primeras intervenciones, lo que refuerza la hipótesis de omisiones graves en el manejo del lugar; lo que encontraron —o más bien, lo que les fue confirmado— no fue una sorpresa sino una validación: el horror existía, el horror era profundo, el horror era exactamente lo que sobrevivientes y madres buscadoras habían dicho.
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