Respira
Por Sandra Romandía
Lo ocurrido este 19 de agosto en Michoacán vuelve a plantear una pregunta que llevamos demasiado tiempo evadiendo: ¿cuántos líderes criminales tiene que detener o abatir el Estado mexicano para que la población realmente pueda sentir que recuperó el control de su territorio? Porque durante más de una década hemos visto caer jefes, lugartenientes, operadores financieros y estructuras completas; hemos escuchado una y otra vez que determinada captura constituye “un golpe contundente” contra el crimen organizado y, sin embargo, para quienes producen limón o aguacate, conducen por determinadas carreteras, tienen un negocio o simplemente viven en algunas regiones michoacanas, la autoridad que verdaderamente condiciona su vida cotidiana sigue siendo, demasiadas veces, la delincuencia organizada.
Este miércoles, fuerzas federales desplegaron un importante operativo en Tanhuato y Ecuandureo contra la estructura de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera entre Michoacán y Jalisco. El objetivo principal consiguió escapar, pero fueron detenidas nueve personas de su entorno, entre ellas su hija Marisol “N” y su pareja Lourdes “N”; además se aseguraron 64 vehículos, uno de ellos blindado, armas de alto poder, explosivos, droga, un dron y dos inmuebles. La dimensión de la respuesta criminal fue quizá más elocuente que el propio decomiso: más de una veintena de bloqueos, vehículos incendiados y carreteras paralizadas en distintos puntos del estado. El crimen organizado volvió a demostrar que conserva capacidad suficiente para incendiar Michoacán cuando alguien toca sus intereses.
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