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Por Sofía Guadarrama Collado

México, laberinto de fatalidades, todavía no salía del asombro por la muerte de diez personas arrolladas por un tren en la carretera Atlacomulco–Maravatío, cuando este miércoles 10 de septiembre explotó una pipa que transportaba en su vientre más de 49 mil litros de gas LP en el Puente de la Concordia, que dejó al menos seis muertos y más de 90 heridos.

El conductor, ese criminal con licencia, que circulaba a exceso de velocidad en una vuelta en U como si manejara un go kart, decidió hacer su entrada catastrófica en el catálogo nacional del desastre con una bomba rodante con apellido corporativo, Transportadora Silza, filial del Grupo Tomza. Volcó, generó una onda expansiva, explotó y dejó más de treinta vehículos chamuscados y más de sesenta víctimas con quemaduras que jamás sanarán en el infierno llamado negligencia y de apellido corrupción. Entre los heridos, un bebé de año y medio encarna la fragilidad de la esperanza en un país que arde sin saber por qué.

La magnitud del desastre convocó a los vecinos que llegaron como ángeles sin alas, a los cuerpos de emergencia y autoridades locales, héroes sin capa, quienes trabajaron arduamente para domar el incendio y atender a los afectados, mientras el dolor se esparcía como humo.

Silza, la empresa madre, se hizo la desentendida como quien niega al hijo travieso; luego, claro, aceptó la maternidad y afirmó contar con pólizas de seguro vigentes.

Sin embargo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en un gesto que recuerda las máscaras del poder, reveló que el vehículo no tenía permiso vigente ni seguro contra accidentes, lo que agrava aún más la situación.

Grupo Tomza aseguró que, “se han activado las 3 pólizas de seguro con las que cuenta el tracto camión involucrado, para hacer frente de manera oportuna a las necesidades que requiere este caso”. ¿En serio creen que con unos cuantos cheques se pueden revivir a los muertos o se pueden reconstruir los rostros y cuerpos desfigurados por las llamas?

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