Respira
Por Sofía Pérez Gasque Muslera
Ayer 1 de septiembre se presentó el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un momento clave para evaluar prioridades, estrategias y compromisos públicos. En el caso de las mujeres —que representamos más del 51 % de la población en México—, este informe no solo generó expectativa: generó urgencia. Porque aunque la igualdad ha sido una bandera política reiterada en los últimos años, el presupuesto destinado a garantizarla muestra más matices que certezas.
Comencemos con el dato más citado: el llamado Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, el cual concentra los recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres. Este anexo refleja, a primera vista, una buena noticia: un incremento del 9.5 % respecto al año anterior, alcanzando un monto total de 428,896 millones de pesos. Sin embargo, la distribución de ese presupuesto revela realidades más complejas y preocupantes.
De ese total, el 95.2 % se dirige a programas considerados como promotores de la igualdad —por ejemplo, becas estudiantiles o programas sociales no diseñados específicamente para mujeres, pero que incluyen a muchas en su padrón—, solo el 4.7 % se enfoca en atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y un escaso 0.1 % está etiquetado para eliminar la discriminación estructural.
Este desequilibrio evidencia que el enfoque transversal que se ha impulsado en los últimos años —la idea de que todos los programas deben incluir perspectiva de género— ha servido para inflar presupuestos sin necesariamente fortalecer los mecanismos más urgentes y especializados para las mujeres. Es decir: sí hay más recursos, pero no necesariamente mejor dirigidos ni con mayor impacto real.
Uno de los rubros más afectados por esta lógica es el de refugios para mujeres víctimas de violencia y el programa PAIMEF (Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas), que históricamente ha sido fundamental para implementar acciones de prevención y atención de la violencia en los estados. Aunque el PAIMEF logró conservar una asignación presupuestal en 2024, diversas organizaciones han advertido que no se ha actualizado su monto en términos reales (es decir, considerando inflación) y que los criterios para su distribución entre estados siguen siendo poco transparentes.
Esto representa una alerta, especialmente en un país donde más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Además, la Red Nacional de Refugios ha denunciado de forma reiterada los retrasos en los pagos federales, la burocracia para acceder a los fondos y la insuficiencia estructural para atender a la creciente demanda de servicios. En 2023, los refugios atendieron a más de 40 mil mujeres, niñas y niños en situación de riesgo, con presupuestos que muchas veces no cubren ni lo básico. Este 2024, la situación no ha mejorado sustancialmente.
SUSCRÍBETE PARA LEER LA COLUMNA COMPLETA...
