Cuando la corrupción impide comprar con justicia

Por Sofía Pérez Gasque Muslera

En América Latina hablamos de la brecha salarial, de la sobrecarga de cuidados y del techo de cristal que impide a las mujeres llegar a posiciones de poder. Pero hay una conversación menos frecuente, igual de urgente: la corrupción en las compras públicas también es una barrera para la igualdad de género. Y una que tiene impactos millonarios y sistémicos.

Según el Banco Mundial, las compras gubernamentales representan, en promedio, el 15 % del PIB a nivel global. En países latinoamericanos como México, ese porcentaje es incluso mayor. Cada contrato, licitación o adjudicación directa que se asigna desde el gobierno puede convertirse en una poderosa palanca para impulsar el desarrollo, fortalecer capacidades productivas o atender poblaciones vulnerables. O puede convertirse en lo contrario: en un mecanismo que perpetúa el control de unos cuantos, castiga a quienes no tienen conexiones y excluye, de forma casi sistemática, a las mujeres empresarias.

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