¿Quién se beneficia del caos judicial?

Por Soledad Durazo

Hoy, lunes 14 de julio, la amenaza de un nuevo paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México sigue latiendo con fuerza, pese a que oficialmente se dio por terminado hace apenas unos días. Este paréntesis, más que un cierre definitivo del conflicto, parece el respiro de una maquinaria desgastada que se niega a recomponerse. Mientras tanto, el rezago ya es escandaloso: más de seis semanas de parálisis judicial han desbordado los tribunales, colapsado los plazos procesales, y dejado a miles de ciudadanos atrapados en una justicia congelada.

Para quien aún piensa que se trata solo de un pliego petitorio laboral, vale la pena mirar con mayor detalle. El paro, iniciado el 29 de mayo y protagonizado por trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, tuvo como detonante la exigencia de bonos y mejores condiciones laborales. Sin embargo, no tardó en convertirse en un conflicto con evidentes implicaciones políticas. En medio del paro, surgieron presiones para remover al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a quien se responsabilizó por la falta de acuerdos con los trabajadores, aunque fue el propio gobierno capitalino —a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Finanzas— el que rechazó autorizar el aumento salarial solicitado. La protesta, entonces, se transformó en una herramienta de desgaste institucional: no para resolver la crisis, sino para precipitar un relevo que beneficie a ciertos grupos sindicales y operadores políticos. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha mantenido una distancia ambigua; el Poder Ejecutivo local no se ha comprometido a fondo con la solución, pero tampoco ha negado su injerencia.

Un precedente inquietante se dibuja en el recuerdo: el episodio de hace más de un año del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde un supuesto conflicto llevó a cambiar las piezas a favor de los poderosos.

Allí, como aquí, la intención no era fortalecer la institución, sino capturarla. En el caso del Tribunal de la CDMX, el guión es más sutil, pero no menos peligroso: desfondar la legitimidad del presidente magistrado para redistribuir cuotas en nombre de una falsa renovación.

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