Impunidad en Témoris bajo la sombra de Barlett y Adán
El caso de Témoris es un ejemplo palpable de cómo la impunidad y la falta de consideración hacia las comunidades indígenas prevalecen en proyectos impulsados por el gobierno federal y corporaciones poderosas.
Por Soledad Durazo
En las “boscosas” tierras de Témoris, la lucha silenciosa contra el gasoducto revela un oscuro panorama de impunidad y desesperación. El gasoducto El Encino-Topolobampo que pasa por esa localidad de Chihuahua, dentro del municipio de Guazapares, se ha convertido en una cadena de descontento y temor para sus habitantes. Una historia periodística revelada hoy, que demuestra cómo la impunidad en México se desarrolló en entornos en los que el sistema lo permite sin importar los fallos ni las sentencias por la vías legales a favor de los afectados. Una historia digna de conocerse, les cuento.
En un reportaje publicado por Esteban David Rodríguez y Sandra Romandía en Emeequis, se revela la lucha silenciosa que enfrentan los pobladores contra la imposición de un proyecto que, lejos de traer prosperidad, ha sembrado la discordia y la impunidad en aquella comunidad de la Sierra Tarahumara.
Desde el inicio de las pruebas en 2016, los residentes como la señora Yolanda Beltrán han vivido con la incertidumbre y el estruendo subterráneo que ha dejado su hogar marcado por cuarteaduras. La narrativa de la gente de Témoris, sin embargo, no se limita a las grietas en las paredes y el zumbido subterráneo; va más allá para adentrarse en un entramado de engaños y violaciones sistemáticas que han marcado el destino de esta comunidad serrana.
Las empresas desarrolladoras prometieron que el gasoducto pasaría a más de un kilómetro de las zonas habitadas, pero movieron el trazo y dejaron el tubo a 15 metros del núcleo de población de Témoris. La percepción de engaño se comprobó, y la población, consciente del alto riesgo que implicaba este proyecto se movilizó. Guazapares, un municipio de 8 mil habitantes en la Sierra Tarahumara, ha sido testigo de la transformación de su entorno, primero con la minería y el ferrocarril, y ahora con el gasoducto El Encino-Topolobampo. Este proyecto, impulsado por administraciones pasadas, refleja una política estatal que prioriza la generación de energía a expensas del medio ambiente y la salud de las comunidades.
La conexión entre El Encino y la Central de Ciclo Combinado de Topolobampo forma parte de una red que atraviesa Chihuahua y desciende hacia Sinaloa. Sin embargo, la extracción de gas mediante fracking, considerado altamente tóxico por los expertos, plantea serios riesgos ambientales. La población, en desacuerdo desde el principio, logró en noviembre de 2018 la nulidad de los contratos que permitían la operación del gasoducto, gracias a falsificación y alteración de documentos. Sin embargo, la subsidiaria de TC Energy ha ignorado la sentencia, desafiando a los tribunales y continuando el flujo de gas hacia la central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Topolobampo.
En noviembre de 2018, los tribunales concedieron la nulidad de los contratos que permitían a las empresas el uso de la tierra, las excavaciones y la operación del gasoducto. La falsificación y alteración de documentos llevaron a la cancelación de escrituras públicas, la evaluación pericial del daño ecológico, y el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, la subsidiaria de TC Energy hizo oídos sordos a la sentencia, desafiando la legalidad y desestimando las demandas de una población que veía cómo sus tierras y hogares eran vulnerados.
La resistencia de Témoris no se detuvo en los tribunales. La población, principalmente los copropietarios de tierras bajo régimen de propiedad agrícola comunal, conocidos como comuneros, se movilizó en protestas que culminaron en el cierre de válvulas en dos ocasiones, la última en abril pasado. Fue entonces cuando intervino Adán Augusto López Hernández, en ese momento secretario de Gobernación.
López Hernández, en lugar de respaldar la justicia y la legalidad, catalogó el gasoducto como un asunto de seguridad nacional y recurrió a la intimidación, según testimonios a los que los reporteros tuvieron acceso. En una reunión con representantes de Témoris, les advirtió que la Guardia Nacional sería enviada si persistían en cerrar las válvulas. Este episodio no solo revela la falta de empatía y apoyo del gobierno federal hacia las comunidades vulnerables, sino también el uso de la seguridad nacional para acallar las legítimas protestas de un pueblo que busca preservar su tierra y su salud.
El gigante de la industria energética, TC Energy, ha operado con impunidad, desde su nacimiento como TransCanada Pipelines Limited en 1951 hasta la actualidad como TC Energy Corporation. A lo largo de más de seis décadas, ha construido una red de transmisión de gas natural de 91,900 kilómetros, conectando las principales cuencas de abastecimiento de gas en América del Norte. El contrato con Transportadora de Gas del Noroeste, subsidiaria de TC Energy, sella un compromiso de la CFE de pagar mensualmente por 25 años, ampliado a 27, un "cargo fijo por capacidad" que incluye operación, mantenimiento y amortización de deuda. La opacidad en las "tablas de pagos", esgrimiendo el argumento de "secreto industrial", revela una falta de transparencia que deja a la población en la oscuridad sobre el destino de sus recursos.
En conclusión, el caso de Témoris es un ejemplo palpable de cómo la impunidad y la falta de consideración hacia las comunidades indígenas prevalecen en proyectos impulsados por el gobierno federal y corporaciones poderosas. La lucha de los habitantes de Témoris no es solo contra un gasoducto, sino contra un sistema que prioriza intereses económicos por encima de la vida y el bienestar de las personas. Es hora de que la sociedad exija justicia, transparencia y respeto hacia aquellos que pagan el precio de la ambición desmedida.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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